La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas de prueba que comprometen la situación del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo un "historial completo de dominio" de todos los inmuebles vinculados al jefe de Gabinete, con el objetivo de detectar posibles propiedades no declaradas que no se condigan con su capacidad contributiva.

En paralelo, la fiscalía envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir de manera detallada las salidas del país de Adorni. El foco está puesto en los destinos, las escalas y, fundamentalmente, en quién financió esos traslados. La Justicia sospecha que el nivel de vida del vocero presidencial está "muy por encima de sus posibilidades económicas", mencionando específicamente viajes recientes al Caribe y a Punta del Este.

Círculo íntimo bajo sospecha La medida de Pollicita no se limita al funcionario, sino que se extiende a su círculo más cercano. El fiscal requirió información sobre los movimientos migratorios de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y del periodista Marcelo Grandío, quien ya fue señalado por el pago de vuelos privados para la familia Adorni.

Se busca determinar si estas personas actuaron como nexos o beneficiarios en una estructura de gastos que el sueldo estatal del jefe de Gabinete no podría sustentar. Uno de los puntos clave es una presunta visita a Aruba, sobre la cual se pidieron planes de vuelo, rutas y horarios a las compañías aéreas para confirmar quién realizó la contratación y el pago efectivo de los pasajes.

Empresas aéreas en la mira Para avanzar en la tipificación de posibles delitos como dádivas o enriquecimiento ilícito, la fiscalía solicitó que las empresas de transporte aporten los datos de facturación de cada viaje mencionado en el expediente. La Justicia intenta corroborar si existe una sistematicidad en el financiamiento externo de los viajes de placer del funcionario, lo que podría derivar en un llamado a indagatoria en el corto plazo si las pruebas confirman el desfasaje patrimonial denunciado.