En un intento por contener la escalada de precios en los surtidores, el Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva prórroga en la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono. Mediante el Decreto 217/2026, se resolvió trasladar los incrementos pendientes de los años 2024 y 2025 hacia el mes de mayo, buscando dar un alivio temporal al bolsillo de los consumidores.

La decisión oficial se fundamenta en la necesidad de mantener un "sendero fiscal sostenible" sin asfixiar el consumo interno, especialmente en un contexto global crítico. La guerra en Medio Oriente, que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, ha empujado el precio del petróleo cerca de la zona de los 100 dólares, lo que genera una presión alcista automática en los costos de refinación locales.

El costo de la postergación Esta estrategia de diferir impuestos no es nueva para la administración de Javier Milei, pero su costo es cada vez más visible en las cuentas públicas. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones acumuladas durante 2025 representaron una resignación fiscal de 2.326 millones de dólares.

A pesar de la necesidad de divisas para el equilibrio macroeconómico, el Ejecutivo prioriza en este cierre de trimestre evitar que el aumento impositivo se sume al incremento del valor internacional del crudo, lo que dispararía la inflación por encima de las proyecciones oficiales para el periodo marzo-abril.

Hacia un nuevo esquema trimestral Desde septiembre del año pasado, el Gobierno estableció que las subas deben calcularse en base a la inflación y actualizarse trimestralmente. Sin embargo, la persistente volatilidad del mercado energético ha obligado a desdoblar estos ajustes de forma recurrente. Con la nueva fecha fijada en mayo, el Gobierno apuesta a que el conflicto bélico ceda y los precios internacionales se estabilicen, permitiendo una convergencia de los precios locales sin generar un shock disruptivo en la economía doméstica.