La situación judicial de Manuel Adorni se complicó tras las revelaciones surgidas en los tribunales de Comodoro Py. El piloto y broker de vuelos, Agustín Issin Hansen, prestó declaración testimonial ante el juez Ariel Lijo y confirmó que el jefe de Gabinete no pagó los vuelos privados que utilizó para viajar a Punta del Este durante el último Carnaval.

Según el testimonio de Issin, fue el periodista Marcelo Grandio —quien mantiene contratos vigentes con la TV Pública— el encargado de reservar y abonar la totalidad de los pasajes. Esta declaración desmiente categóricamente lo afirmado por Adorni en Casa Rosada, donde ante la consulta de la prensa había sostenido: “El viaje lo pagué yo, no tengo nada que esconder”.

Las facturas que no cierran

El expediente detalla una trama de pagos cruzados y facturaciones tardías que despertaron la sospecha del magistrado. El vuelo de ida fue facturado por la empresa Alpha Centauri a nombre de la productora de Grandio, Imhouse, por un valor de 4.830 dólares.

Respecto al regreso, el broker declaró que el pasaje fue vendido a Grandio por 3.000 dólares y abonado en efectivo por un emisario identificado solo como “Horacio”. El juez Lijo puso la lupa sobre dos irregularidades: el precio sospechosamente bajo del tramo de vuelta y el hecho de que la factura se emitió recién el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y coincidiendo con la filtración de la noticia en los medios de comunicación.

Inmuebles y patrimonio bajo la lupa

La polémica por los vuelos es solo un capítulo de una investigación más amplia por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni tampoco ha logrado disipar las dudas sobre propiedades no declaradas a nombre de su esposa en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz.

Aunque el funcionario atribuye las denuncias a una "operación política" y afirma que su patrimonio se construyó íntegramente en el sector privado, las pruebas recolectadas por la Justicia —que incluyen imágenes de los celulares de los involucrados y registros contables de las operadoras aéreas— parecen indicar una estrecha relación de beneficios económicos entre el funcionario y contratistas estatales, lo que configuraría el delito de dádivas.