En una jornada marcada por anuncios de alto impacto institucional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló el nuevo paquete de reformas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. El plan busca, según el discurso oficial, eliminar la "inseguridad jurídica" para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos como la minería, la energía y el agro.

Entre los puntos más destacados se encuentra la reforma de la Ley de Tierras Rurales, que eliminará los límites vigentes para la venta de campos a ciudadanos o empresas extranjeras. "No podemos permitir que por un mero capricho ideológico las inversiones no se realicen", argumentó Adorni, vinculando esta medida con la necesidad de capital global en proyectos extractivos.

Seguridad jurídica y desalojos en 5 días

El Gobierno también busca endurecer la protección de la propiedad privada con un proyecto que limita las expropiaciones a casos "estrictamente excepcionales" y aumenta las indemnizaciones. En sintonía con esto, se propuso una reforma al régimen de desalojos para crear una vía sumarísima que permita restituir inmuebles ocupados a sus dueños en un plazo máximo de cinco días. Según el jefe de Gabinete, esta medida es vital para dar previsibilidad al mercado de alquileres y combatir el "flagelo de los okupas".

En materia de Defensa, se anunció que el 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinará exclusivamente a la compra de armamento y bienes de capital, buscando reequipar a las Fuerzas Armadas con fondos genuinos provenientes de la desestatización de empresas.

Auditoría de pensiones y pliegos judiciales

En el plano social, Adorni anticipó una revisión integral de las pensiones por discapacidad. El objetivo es diferenciar a los beneficiarios legítimos de aquellos certificados que el funcionario calificó como "truchos", otorgados durante la gestión anterior. "Daremos aumentos solo a los que tienen incapacidad real para trabajar", sentenció.

Finalmente, el jefe de Gabinete confirmó dos medidas de gestión inmediata: la intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal para captar inversión privada y el envío de 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para cubrir vacantes en el Poder Judicial.