La investigación sobre uno de los mayores escándalos financieros en la historia de la provincia de Buenos Aires ha entrado en su etapa de definición. La megacausa que analiza las presuntas maniobras de corrupción en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gobernación de Daniel Scioli fue radicada oficialmente en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de La Plata, lo que marca el paso previo al inicio del juicio oral.

El tribunal, integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi, junto a la fiscal de juicio Viviana Arturi, tendrá la tarea de procesar un expediente de enorme complejidad probatoria. En el banquillo de los acusados se sentarán 19 imputados, señalados como responsables de montar un esquema organizado para el saqueo de recursos de la mayor obra social de la provincia.

Las claves de la acusación La fiscalía sostiene que dentro del IOMA operó una verdadera asociación ilícita. Los delitos imputados son múltiples y revisten una gravedad institucional inédita:

• Peculado en 78 hechos: Se investiga el desvío directo de fondos destinados a prestaciones de salud.

• Fraude a la administración pública: Maniobras sistemáticas para defraudar al erario provincial.

• Negociación incompatible y falsificación: Uso de documentos públicos apócrifos para autorizar pagos y beneficios inexistentes.

La cúpula en la mira El principal acusado es el extitular de la entidad, Antonio Atilio La Scaleia, quien llega a juicio junto a una larga lista de exdirectores y funcionarios de alto rango, como Roberto Passo, Daniel Burgos y Humberto Pumo, entre otros. Todos ellos están procesados como coautores o partícipes necesarios en una estructura de "doble vía" (Hechos I y II) que, según la instrucción, permitía el drenaje constante de capitales públicos.

Impacto Político y Social La causa, que nació al calor de las denuncias presentadas originalmente por la dirigente Elisa Carrió, es considerada un caso testigo de la corrupción estructural. Tras años de cruces mediáticos y una instrucción minuciosa, la radicación en el TOC N°5 simboliza el fin de la etapa de dilaciones. El juicio no solo determinará la responsabilidad penal de los 19 exfuncionarios, sino que pondrá a prueba la solidez del sistema de control de fondos públicos en un organismo que brinda cobertura de salud a más de dos millones de bonaerenses.