La inseguridad en Argentina ha dejado de ser un fenómeno meramente estadístico para transformarse en un factor condicionante de la salud mental y la conducta social. Según el Monitor de Inseguridad Nº 13 realizado por la Facultad de Psicología de la UBA, el sentimiento de vulnerabilidad es casi unánime: el 62% de la población califica la situación de seguridad en el país como "muy grave", una percepción que se mantiene alta en los 11 conglomerados urbanos analizados.

Sin embargo, el informe dirigido por el Dr. Gustavo González detecta una marcada división en cómo se percibe el "peligro" según la afinidad política del ciudadano. Para los votantes de Javier Milei, la tríada de preocupaciones la encabezan la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la delincuencia. Por el contrario, para los votantes de la oposición, el concepto de "inseguridad" se desplaza hacia el terreno socioeconómico: el miedo está depositado en los bajos salarios, el desempleo, la pobreza y las medidas de ajuste del Gobierno Nacional.

Víctimas y desconfianza en la Justicia El relevamiento arroja datos crudos sobre la victimización: el 35% de los encuestados refirió haber padecido un asalto a mano armada en la vía pública, situándose como el delito más frecuente. Le siguen los robos sin violencia y las estafas, una modalidad que ha crecido exponencialmente en el último año.

Este panorama delictivo se ve agravado por una crisis de confianza terminal en el sistema judicial. El 90% de los argentinos sostiene que los delitos graves no reciben el castigo adecuado. Específicamente, el 51% considera que las penas son demasiado leves en relación con la gravedad del hecho, mientras que un 39% cree que, aunque existan sentencias, estas no se cumplen de manera efectiva. Esta percepción de "impunidad garantizada" es, según el OPSA, uno de los principales motores del malestar social.

El debate por la edad de imputabilidad En este contexto de endurecimiento de la opinión pública, el proyecto oficialista para reformar el Código Penal cuenta con un piso de apoyo significativo. El 56% de los consultados se manifestó a favor de la aprobación de la ley enviada por el Ejecutivo para bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. El consenso sobre esta medida refleja la demanda social de respuestas más severas frente a la participación de menores en delitos complejos.

Consecuencias psicológicas Finalmente, el monitor advierte que la inseguridad no solo altera los hábitos de circulación (evitar ciertas calles o horarios), sino que genera un estado de hipervigilancia y ansiedad crónica. La sensación de que el Estado ha perdido el control del territorio —especialmente frente al avance del narcotráfico— impacta directamente en la calidad de vida, relegando otras problemáticas a un segundo plano para gran parte de la sociedad.