El mercado de trabajo en Argentina ha entrado en una nueva era legal. Este viernes, el presidente Javier Milei firmó la reglamentación de la Ley Nº 27.802, un ambicioso paquete de reformas que modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y busca, según el texto oficial, incentivar la formalización y reducir la litigiosidad.

Uno de los pilares más disruptivos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). A partir del 1° de junio de 2026, las empresas deberán constituir estos fondos para cubrir futuras indemnizaciones. Las PyMEs aportarán un 2,5% mensual sobre la nómina, mientras que las grandes empresas contribuirán con un 1%. Como contrapartida, los empleadores obtendrán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

Nuevas reglas para plataformas y huelgas La ley zanja la discusión sobre los trabajadores de plataformas digitales (movilidad y reparto), clasificándolos legalmente como independientes. Aunque se les garantiza un seguro de accidentes personales y libertad de conexión, la norma aclara que no existe relación de dependencia técnica ni jurídica.

En materia de conflictos colectivos, la reforma es drástica: el derecho a huelga se verá limitado por la obligación de garantizar el 75% de los servicios esenciales (incluyendo ahora recolección de residuos y telecomunicaciones) y el 50% en actividades trascendentales, como la banca, la industria alimenticia y el transporte.

Incentivos a la formalización y cambios judiciales Para combatir el empleo no registrado, se lanzó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Aquellos empleadores que regularicen trabajadores pagarán solo un 2% de alícuota en contribuciones patronales durante los primeros cuatro años. Además, el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) ofrece una condonación de hasta el 70% de las deudas previas con la seguridad social.

Finalmente, la reforma tiene un fuerte componente institucional:

• Traspaso de la Justicia: El fuero nacional del Trabajo será transferido a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

• Derogación de estatutos: Para 2027, desaparecerán regímenes especiales como los de periodistas y viajantes de comercio, unificando a todos los sectores bajo el régimen general.

• Límites sindicales: Se establecen topes estrictos a los aportes obligatorios de los convenios: 0,5% para cámaras empresariales y 2% para sindicatos.

Con la publicación en el Boletín Oficial, el decreto 137/2026 ya es ley vigente para todo el sector privado, marcando el inicio de un proceso de transición que culminará con el traspaso total del fuero judicial el próximo año.