El mapa productivo de la Argentina atraviesa una fase de reconfiguración crítica. Lo que comenzó con casos aislados se ha transformado en una tendencia que afecta desde pymes hasta gigantes globales. El denominador común es una combinación de caída estrepitosa de la demanda interna, falta de marcos regulatorios y una competencia asimétrica con productos importados, principalmente de China.

Uno de los focos de mayor tensión se encuentra en Corrientes, donde Celulosa Argentina cumple seis meses sin producir. Con una deuda que supera los $11.000 millones y 395 empleados en vilo, la firma forestadora se encuentra en concurso preventivo de acreedores sin una fecha clara para retomar la actividad.

El fin del reciclaje de PET en Pacheco Casi en simultáneo, la firma Alpek Polyester Argentina anunció que el próximo 31 de marzo de 2026 cesará las operaciones de su planta de reciclaje Ecopek, en la localidad bonaerense de Pacheco. La decisión de la subsidiaria del grupo mexicano Alfa —proveedora de envases para empresas como Coca-Cola— se fundamenta en la ausencia de leyes que incentiven el uso de materiales reciclados, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región. El cierre pone en riesgo el futuro de 40 trabajadores especializados.

Éxodo de capitales y desinversión El fenómeno trasciende la manufactura. El fondo estadounidense Platinum Equity ya inició el proceso de venta de la filial local de Urbaser, la compañía de gestión de residuos que emplea a 3.500 personas en el país. Esta operación, valuada en 400 millones de euros, se suma a la lista de una veintena de firmas extranjeras que han abandonado o reducido su presencia en Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El impacto en territorio bonaerense La provincia de Buenos Aires, motor industrial del país, es el distrito más golpeado. Datos recientes revelan que más de 5.800 empresas dejaron de operar en los últimos dos años. El impacto es especialmente severo en el conurbano, donde las pymes metalúrgicas, textiles y de calzado no logran absorber el encarecimiento de los costos fijos y el desplome de las ventas minoristas.

Mientras el Gobierno nacional defiende estas medidas como un "reordenamiento estructural" necesario para bajar la inflación, desde las cámaras empresarias y los sindicatos advierten que el costo del ajuste está destruyendo el capital social y productivo de las economías regionales, con un efecto dominó que ya se siente en transportistas, proveedores y comercios de barrio.