La designación de la nueva cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF) ingresó en una fase de turbulencia legal. En el marco del procedimiento de audiencia pública, la Fundación Apolo presentó una impugnación formal contra la candidatura de Ernesto Alberto Gaspari, el postulante propuesto por el Ejecutivo para presidir el organismo encargado de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El cuestionamiento, dirigido al Ministerio de Justicia, se asienta sobre tres ejes que ponen en duda la capacidad de Gaspari para ocupar un rol de alta sensibilidad técnica. Según la presentación, el candidato no acredita los antecedentes profesionales específicos que exige el artículo 11 de la Ley 25.246, el cual establece la necesidad de experiencia comprobable en la materia para garantizar la idoneidad de quien lidere la unidad.

Inconsistencias en la declaración jurada Uno de los puntos más críticos de la impugnación reside en la veracidad de la información presentada. La Fundación Apolo detectó una contradicción directa: mientras Gaspari declaró bajo juramento no haber integrado asociaciones civiles, los registros públicos lo señalan como miembro vitalicio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Asimismo, se advirtió la omisión de antecedentes políticos relevantes en el currículum vitae acompañado a la postulación, lo que, según los denunciantes, revela una falta de transparencia incompatible con un cargo que demanda una ética pública intachable.

El riesgo internacional ante el GAFI Más allá de los errores administrativos, la preocupación central es el impacto en la autonomía técnica del organismo. Para la entidad impugnante, la trayectoria de Gaspari es "predominantemente política", lo que podría comprometer la relación de Argentina con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"La carencia de experiencia específica en el régimen ALA/CFT pone en riesgo la calificación del país en las evaluaciones mutuas del GAFI", advierte el documento. Con esta presentación, la Justicia y el Ministerio deberán evaluar si la postulación de Gaspari sigue en pie o si el cuestionamiento técnico obliga al Gobierno a proponer un nuevo perfil que garantice la idoneidad técnica requerida por la ley nacional e internacional.