El Municipio de Bahía Blanca ha iniciado una ofensiva definitiva contra la acumulación de chatarra en los predios estatales. Bajo el aval del intendente Federico Susbielles, comenzó un nuevo operativo de compactación en el predio de Undiano y Brickman, el depósito de motocicletas más grande de la ciudad. La medida busca dar respuesta a una situación crítica: actualmente existen cerca de 15.000 vehículos secuestrados distribuidos en seis depósitos que han llegado al límite de su capacidad.

El jefe de Gabinete, Luis Calderaro, reveló una estadística alarmante que explica el colapso: mientras que el 90% de los automovilistas retira su vehículo tras un secuestro, 8 de cada 10 motociclistas abandonan su rodado en el corralón. Esta desproporción ha convertido a los predios municipales en cementerios de metal que representan un serio peligro sanitario.

Las causas del abandono: deudas e informalidad La jueza de Faltas, Soledad Monardez, detalló que el fenómeno del abandono está impulsado por la informalidad del mercado. Muchos jóvenes adquieren motocicletas sin realizar la transferencia documental; al momento del secuestro —ya sea por controles de alcoholemia, falta de casco o ruidos molestos—, se encuentran con la imposibilidad legal de recuperarlas.

A esto se suma el factor económico. "Entre las multas, las patentes adeudadas y el costo de estadía diaria en el corralón, el monto a pagar suele exceder el valor de la propia moto", explicó Monardez. Ante esta realidad, la normativa es clara: transcurridos los 180 días de secuestro, la ley habilita al Municipio a declarar el vehículo en estado de abandono y proceder a su disposición final.

Impacto ambiental y social Más allá del orden visual, el operativo responde a una urgencia ambiental. La acumulación de unidades favorece la proliferación de roedores y del mosquito Aedes aegypti, además de la filtración en las napas de sustancias tóxicas como ácido sulfúrico, plomo y aceites usados. "Es un tema de salud pública que no puede esperar más", sentenció Calderaro.

El proceso se realiza bajo el programa nacional PRODECO, lo que garantiza que el material sea vendido como chatarra. Lo recaudado tiene un destino estrictamente solidario: los fondos se distribuyen en su totalidad entre entidades de bien público de Bahía Blanca.

Finalmente, el Gobierno local informó que se encuentra en conversaciones con la Justicia ordinaria y federal para agilizar la liberación de otros 350 vehículos judicializados —como los afectados por el reciente incendio en la ruta 51—, con el fin de incluirlos en futuros operativos y limpiar definitivamente los espacios públicos de la ciudad.