El proceso de reducción del Estado nacional mantiene un ritmo sostenido bajo la administración de Javier Milei. De acuerdo con el último informe sobre dotación de personal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de empleados en el sector público nacional ya acumula una pérdida de 62.000 puestos desde el cambio de gestión, consolidando una de las mayores contracciones de las que se tenga registro.

Al cierre de enero de 2026, la Administración Pública Nacional (APN) contabilizaba 278.705 personas, lo que representa una caída de 1.415 puestos respecto a diciembre. La comparación interanual es aún más drástica: frente a enero de 2025, la reducción es de 21.258 empleados (-7,1%), mientras que si se toma como base el inicio de 2024, el desplome alcanza el 16,5%.

Radiografía del recorte: sectores y empresas El ajuste no ha sido uniforme en todas las dependencias. El área de la Administración descentralizada cerró enero con 21.318 empleados, perdiendo 415 puestos en solo un mes. Por su parte, la categoría de "otros entes" registró una baja del 0,4%, quedando con una nómina de 13.980 personas.

Las empresas y sociedades del Estado tampoco quedaron al margen de la poda. Durante el primer mes del año, este sector redujo su capacidad en un 0,2%, eliminando 188 puestos de trabajo para quedar con una plantilla de 88.996 empleados. En contraste, la única excepción fue la Administración Centralizada, que mostró un leve incremento del 1,9% (746 nuevos puestos), explicado principalmente por procesos de reestructuración interna de los ministerios.

Un impacto que trasciende lo público La retracción en el empleo estatal se da en un marco de crisis generalizada en el mercado laboral. Mientras la APN ajusta sus filas, otros sectores clave como la construcción atraviesan un escenario crítico. Tal como informaron cámaras empresariales, la paralización de la obra pública ya ha provocado la pérdida de 120.000 empleos directos en ese rubro, lo que suma presión a la situación social y económica del país.

Desde el Ejecutivo ratificaron que la revisión de contratos y el achicamiento de la estructura burocrática continuarán durante todo 2026, bajo la premisa de alcanzar el equilibrio fiscal y eliminar "gastos superfluos" en el funcionamiento del Estado nacional.