En un giro diplomático y legal de gran importancia para el futuro del litigio por la expropiación de YPF, el Gobierno de los Estados Unidos intervino directamente en la causa. A través de un documento oficial presentado ante la jueza Loretta Preska, el Departamento de Justicia solicitó formalmente el rechazo de la moción de desacato (contempt of court) y las sanciones económicas que el fondo Burford Capital pretende imponer contra la República Argentina.

El documento, de 29 páginas, sostiene que la aplicación de multas diarias o el uso de "inferencias adversas" para considerar a entidades como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas como alter ego del Estado, no se ajusta a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Para Washington, este tipo de medidas excesivas no solo afecta los intereses argentinos, sino que crea un precedente riesgoso para la política exterior y la reciprocidad judicial entre naciones soberanas.

El trasfondo del conflicto: la etapa de "discovery" La disputa actual se centra en la etapa de intercambio de pruebas (discovery), donde Burford Capital presiona para que la Argentina entregue comunicaciones privadas —incluyendo mensajes de WhatsApp y correos personales— de funcionarios. Los demandantes acusan al país de ocultar información para evitar la identificación de activos que podrían ser embargados para saldar la sentencia de 16.100 millones de dólares.

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación ha defendido la postura argentina remarcando que ya se entregaron más de 115.000 páginas de documentación. La defensa argentina sostiene que existen límites constitucionales infranqueables, especialmente al tratarse de información sensible del Banco Central, cuya revelación comprometería la política monetaria y la seguridad financiera del país.

¿Qué viene ahora? La intervención del Departamento de Justicia estadounidense, presentada como una manifestación de interés espontánea y no solo como un amicus curiae, coloca a la jueza Preska en una posición compleja. La magistrada debe decidir si da lugar a las pretensiones de Burford —que busca una multa de un millón de dólares diarios hasta que se cumplan sus demandas— o si, atendiendo a los argumentos del gobierno norteamericano y la defensa argentina, desestima las sanciones.

Mientras tanto, el frente judicial sigue abierto en varias direcciones: la Argentina mantiene activa una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, buscando frenar el avance del discovery mientras intenta preservar los activos estatales de posibles embargos. El resultado de este incidente no solo definirá el alcance de la sentencia por YPF, sino que marcará un antes y un después en cómo se litiga contra estados soberanos en los tribunales estadounidenses.