El inicio del ciclo lectivo 2026 se encuentra en una situación de máxima incertidumbre. En una maniobra de último momento para desactivar el paro nacional docente previsto para el próximo lunes, el Gobierno nacional formalizó la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, la desconfianza de los gremios es alta: la reunión fue fijada para el mismo día de la huelga, por lo cual los sindicatos confirmaron que la medida de fuerza se mantiene firme.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) lidera el reclamo, exigiendo no solo una recomposición salarial urgente, sino también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los fondos de conectividad que el Ejecutivo recortó meses atrás. A esto se suma el rechazo rotundo a la denominada "Ley de Libertad Educativa", que los gremios denuncian como un intento de desfinanciamiento del sistema público.

El factor judicial y la estrategia de Capital Humano La convocatoria firmada por la ministra Sandra Pettovello no fue una decisión voluntaria, sino una respuesta a una medida cautelar que suspendió el decreto presidencial que pretendía excluir al Estado Nacional de la negociación salarial. Pese a estar obligada a negociar, la cartera de Capital Humano ratificó su postura política: consideran que las paritarias deben ser descentralizadas y que cada provincia, como "empleadora real", debe hacerse cargo de los aumentos.

Por su parte, los gremios enrolados en la CGT, con la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la cabeza, recordaron que el Gobierno no realizaba un llamado formal desde febrero de 2025. "El paro está totalmente confirmado. Vamos a ir a la Secretaría de Trabajo el lunes de buena fe, pero la huelga se hace porque el salario docente ha quedado pulverizado", sentenció Sergio Romero, titular de UDA.

Un lunes de definiciones El escenario para el lunes 2 de marzo será complejo. Mientras miles de familias esperan saber si habrá clases, los referentes sindicales se sentarán con los funcionarios nacionales para intentar destrabar un conflicto que combina salarios, fondos de infraestructura y una puja filosófica sobre el rol de la Nación en la educación pública. De no haber una oferta superadora que incluya la devolución de los fondos específicos, los gremios ya advirtieron que el plan de lucha podría profundizarse durante la primera semana de marzo.