En una decisión que combina necesidad operativa con sensibilidad social, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suspensión temporal de los cobros del programa de créditos Buenos Aires CREA. A través de la Resolución 320 del Instituto de la Vivienda (IVBA), publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció un paréntesis de 60 días en el cual los adjudicatarios no deberán abonar sus cuotas mensuales ni recibirán intimaciones por deudas previas.
La medida se fundamenta, en primer término, en un cambio de esquema administrativo profundo. Tras la disolución del Fondo Fiduciario (Profide), que originalmente instrumentaba el programa, el Instituto de la Vivienda debe absorber ahora la totalidad de las tareas operativas, financieras y de recupero. Mientras se completa esta transición técnica y administrativa, el Ejecutivo bonaerense consideró prudente interrumpir la gestión de cobros para evitar errores en la liquidación y garantizar la continuidad de las obras en ejecución.
Récord de morosidad y asfixia familiar Sin embargo, el trasfondo económico es el que marca la urgencia del alivio. El congelamiento llega en un momento crítico para el sistema financiero: la morosidad en préstamos a familias escaló al 9,3% al cierre del último período, un salto alarmante de 6,7 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024. Este deterioro acelerado en la capacidad de pago de los consumidores, que ya registra récords históricos, encendió las alarmas en el sector bancario y motivó la intervención estatal.
El programa "Buenos Aires CREA", lanzado en 2022 para facilitar la ampliación y mejora de viviendas a tasa subsidiada, ha sido una herramienta clave para miles de familias que, ante la inflación y la caída del salario real, hoy se ven imposibilitadas de cumplir con sus compromisos crediticios.
Alcance de la resolución La normativa no solo posterga los vencimientos, sino que también suspende la emisión de intimaciones de pago por deudas acumuladas. Desde la Gobernación aclararon que este plazo de dos meses permitirá "ordenar la transición del fiduciario a la administración central" del IVBA, asegurando que los beneficiarios no se vean perjudicados por el cambio de organismo mientras enfrentan un escenario económico de extrema fragilidad.