La ciudad de Olavarría se ve sacudida por un grave conflicto laboral que afecta a la emblemática firma Fideos Italia. Un grupo de operarios, muchos de los cuales han formado parte de la estructura de la empresa desde sus cimientos hace más de 25 años, denunció haber sido despojado de sus puestos de trabajo sin previo aviso y bajo condiciones de absoluta irregularidad.
Según el relato de los damnificados, la dirección de la empresa esgrimió una situación de "fuerza mayor" para justificar las bajas. Sin embargo, los trabajadores aseguran que se trata de una maniobra premeditada. Argumentan que los niveles de demanda y la actividad productiva de la fábrica se mantuvieron estables durante los últimos meses, lo que desmoronaría la tesis de una crisis financiera real que respalde legalmente los despidos.
El escenario se agrava con denuncias de índole penal-laboral. Los exempleados manifiestan no solo la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes, sino también el impago de los salarios de enero. Pero el punto más crítico reside en la seguridad social: los trabajadores señalan que la empresa realizó los descuentos en sus recibos de sueldo para jubilación, obra social y sindicato, pero nunca depositó esos fondos en los organismos recaudadores. Esta presunta retención indebida ha dejado a las familias sin cobertura de salud en un momento de extrema vulnerabilidad.
Instancia judicial y gremial: Este viernes 13 de febrero, la tensión se traslada a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Allí se llevará a cabo una audiencia decisiva donde las partes se verán las caras. Los trabajadores contarán con el respaldo del sindicato SATIF, encabezado por su secretario general, Gustavo Scarpello, y el asesoramiento legal del Dr. Hernán Mansilla.
Desde el gremio adelantaron que la postura será de "intransigencia frente al fraude", exigiendo que la empresa presente libros contables que acrediten la supuesta crisis o, en su defecto, proceda a la inmediata regularización de las deudas previsionales y el pago total de los montos indemnizatorios bajo los términos de la ley vigente.