El avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso ha profundizado la fractura entre la CGT y la Casa Rosada. Tras la media sanción en el Senado, el cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, lanzó una dura advertencia: según el dirigente, la avanzada sobre la legislación vigente no es una herramienta de progreso, sino una maniobra para “tapar” ante la sociedad el impacto negativo del programa económico oficial.

Para el titular del Sindicato del Vidrio, el diagnóstico es terminal. Jerónimo sostuvo que la economía “ya fracasó”, argumentando que la apertura de importaciones y la especulación financiera están destruyendo el tejido industrial. “Todos los días se cierran compañías y se pierden puestos de trabajo porque el modelo no funciona”, remarcó, vinculando directamente la flexibilización laboral con un escenario de mayor precarización e informalidad.

La crítica del sindicalismo también hizo blanco en la dirigencia política. Jerónimo tildó de “irresponsables” a los senadores y “cómplices” a los gobernadores que, en medio de la puja por fondos de coparticipación, terminaron respaldando una norma que —según la CGT— implica un retroceso histórico en derechos adquiridos. “No se pueden dejar de lado las convicciones por promesas de fondos que el Gobierno igual termina no enviando”, sentenció.

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, la central obrera prepara una doble estrategia. Por un lado, intensificará el lobby con bloques opositores para intentar bloquear o modificar los artículos más polémicos. Por el otro, Jerónimo anticipó que, en caso de obtener la sanción definitiva, la CGT ya prepara una ofensiva judicial para impugnar por inconstitucionales aquellos puntos que vulneren la tutela del trabajador, prometiendo llevar la disputa hasta la Corte Suprema si fuera necesario.