El debate sobre la flexibilización de las leyes de trabajo ha regresado al centro de la escena política argentina con el inicio del año legislativo 2026. Sin embargo, la propuesta estrella de la gestión de Javier Milei desembarca en el Congreso en un clima de marcada hostilidad social. Según el último estudio cuantitativo de la consultora Delfos, el rechazo a la Reforma Laboral ya perforó el piso del 50%, alcanzando un 52,0% de desacuerdo neto, frente a un escaso 31,8% de apoyo.

Derechos adquiridos vs. Flexibilización El corazón de la resistencia no parece ser ideológico, sino pragmático y defensivo. El informe destaca que el principal motivo de oposición es el temor a perder o ver reducidos los derechos laborales (61,8%), una cifra que denota una valoración positiva de las estructuras del trabajo formal actual. Los encuestados asocian "reforma" con "precarización", y esta percepción eclipsa cualquier otro argumento.

Un dato que debería encender alarmas en la Casa Rosada es la desconfianza sobre la efectividad de la medida:

• El 50,8% de los argentinos está convencido de que la reforma no generará nuevos puestos de trabajo.

• Solo el 32,5% cree que servirá para reactivar el mercado laboral. Esto sugiere que el relato oficial sobre la "modernización para el crecimiento" no está permeando en la sociedad, que ve en la iniciativa un beneficio sesgado hacia las grandes empresas y sectores de mayores ingresos (16,5%).

La geografía del apoyo y el rechazo La fragmentación del país según el voto previo se manifiesta con crudeza en este tema. El respaldo a la reforma se atrinchera en los votantes de La Libertad Avanza (72,6%), quienes ven en la desregulación la única salida al estancamiento económico. En el polo opuesto, los votantes de Frente de Todos/Patria rechazan la medida de forma casi absoluta (88,9%).

La clave, una vez más, reside en los votantes de Provincias Unidas, donde el 54,1% se manifiesta en contra. Este sector medio, que no pertenece a los núcleos duros de la grieta, es el que termina de inclinar la balanza hacia un rechazo mayoritario y representa el mayor desafío para el Gobierno a la hora de buscar consensos en las cámaras.

Conclusiones y riesgos políticos Delfos concluye que la resistencia se fundamenta en un miedo real a la pérdida de protección. Existe una "valoración positiva de la estabilidad laboral" que el proyecto oficialista parece amenazar. En este contexto, el tratamiento en comisiones no será solo una batalla técnica de leyes, sino una disputa por el sentido común: el Gobierno necesita transformar el "miedo a la pérdida" en "esperanza de mejora", una tarea que, a la luz de estos datos, parece lejos de estar cumplida al promediar enero de 2026.