La crisis de recursos ha forzado a los municipios bonaerenses a buscar oxígeno financiero en las estaciones de servicio. Bajo el argumento de sostener el bacheo y los servicios básicos ante el recorte de transferencias nacionales, distritos como Roque Pérez, Cañuelas, Junín y Mar del Plata han consolidado la implementación de una tasa vial sobre el combustible, transformando el surtidor en una caja de emergencia.

El fenómeno atraviesa todas las banderas políticas, exponiendo contradicciones internas. En Junín, el oficialismo local logró aprobar el tributo con el apoyo de ediles de La Libertad Avanza, desafiando el discurso de baja de impuestos del Ejecutivo Nacional. En contrapartida, en Roque Pérez, el intendente Maximiliano Sciani lanzó un desafío directo: “Si el Gobierno nacional regulariza los pagos a la Provincia, yo elimino la tasa”.

Sin embargo, la resistencia crece en dos frentes: el judicial y el gremial. En Mar del Plata, el conflicto llegó a la Suprema Corte Bonaerense tras una denuncia por "doble imposición", mientras que en el interior, las Sociedades Rurales advierten que el gravamen —que oscila entre el 2% y el 3%— afecta directamente la competitividad de la cadena agroindustrial en un contexto de alta presión impositiva.

Desde el Gran Buenos Aires hasta ciudades del interior como Tandil o Coronel Suárez, la tasa vial se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre la autonomía municipal y el plan económico de la Casa Rosada. Mientras los alcaldes aseguran que es la única vía para no frenar la obra pública, la justicia provincial tendrá la última palabra sobre la legalidad de este "impuesto encubierto".