La quita de subsidios nacionales al transporte público generó un sismo político y económico en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ante el riesgo inminente de un "golpe de nocaut" al servicio, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, envió al Concejo Deliberante la declaración de emergencia del sistema, una medida que busca herramientas excepcionales para sostener la frecuencia y evitar un traslado directo de costos que llevaría el boleto a cifras impagables.

El conflicto escaló más allá de las fronteras partidarias. Intendentes del PRO, como Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Santiago Passaglia (San Nicolás) y Javier Martínez (Pergamino), alzaron la voz contra la medida del Ministerio de Economía. Los jefes comunales advierten que, lejos de equilibrar la balanza, la eliminación del Fondo Compensador profundiza la brecha de costos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las localidades bonaerenses.

En ciudades como Bahía Blanca, donde el boleto ya promedia los $345, las proyecciones son alarmantes: sin el auxilio estatal, el pasaje técnico podría superar la barrera de los mil pesos. Esta situación obligó a los mandatarios locales a abroquelarse en un reclamo federal junto a intendentes de otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, exigiendo que el subsidio llegue directamente al pasajero para evitar la parálisis total del servicio.

A pesar de la tensión, los distritos mostraron apertura para rediscutir el esquema de asistencia, siempre y cuando se garantice la movilidad de los vecinos que dependen diariamente del colectivo para trabajar y estudiar.