martes 03 de febrero de 2026 - Edición Nº2617

Gestión | 29 ene 2026

Infraestructura y ambiente

La Provincia actualizó el régimen de control de obras hídricas y endurece la fiscalización

A través de la Resolución 46/2026, el Gobierno bonaerense derogó normativas vigentes desde hace más de dos décadas e incorporó nuevas herramientas tecnológicas para detectar y sancionar intervenciones no autorizadas sobre cursos de agua


El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la Resolución N° 46/2026, que establece un nuevo régimen de control para la ejecución de obras hídricas en el territorio bonaerense. La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, y apunta a modernizar los mecanismos de fiscalización y sanción frente a intervenciones ilegales sobre cursos de agua.

La normativa busca dar respuesta a una problemática histórica en la Provincia: la proliferación de canalizaciones, terraplenes y obras no autorizadas que modifican cuencas naturales, incrementan el riesgo de inundaciones y generan conflictos entre productores, municipios y vecinos. En ese sentido, el texto reconoce que el marco regulatorio anterior, vigente desde hace más de veinte años, resultaba insuficiente frente a la dinámica actual del territorio y el avance de nuevas tecnologías.

Entre los principales cambios, el nuevo régimen incorpora el uso de monitoreo satelital y sistemas de información geoespacial para fortalecer la detección temprana de obras clandestinas. Además, establece un esquema de trabajo conjunto entre la Autoridad del Agua y los municipios, que tendrán competencias concurrentes en las tareas de supervisión y control ambiental.

La actualización se da en un contexto marcado por serios desafíos hídrico-ambientales en distintos puntos de la provincia, con zonas recurrentemente afectadas por inundaciones y reclamos persistentes por la falta de obras estructurales, especialmente en áreas rurales e interiores del territorio bonaerense.

Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que el principal desafío será la implementación efectiva del nuevo régimen. Señalan que, en experiencias anteriores, la falta de inspecciones sostenidas, recursos técnicos y controles sistemáticos permitió la expansión de obras sin autorización, por lo que remarcan la necesidad de que las nuevas herramientas se traduzcan en acciones concretas y sanciones efectivas.

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