El Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ) respaldó el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley de Higiene y Seguridad aprobada en diciembre pasado por la Legislatura porteña y afirmó que la decisión confirma las advertencias que la entidad venía realizando desde el inicio del debate. Según señalaron desde el Consejo, la norma original presentaba riesgos concretos para la seguridad pública, la seguridad jurídica y el sistema de control del ejercicio profesional.

Desde el CPIQ identificaron “cuatro riesgos centrales” en el texto aprobado originalmente. En primer lugar, advirtieron sobre “la doble matriculación, que fragmenta el sistema de control y genera superposición de competencias”. En segundo término, señalaron “una afectación directa a la seguridad jurídica, al introducir un esquema confuso respecto de quién controla, sanciona y regula el ejercicio profesional”.

El tercer punto crítico, indicaron, está vinculado a la seguridad pública, ya que se trata de “actividades relacionadas con la prevención de accidentes, riesgos industriales, ambientales y laborales”. Finalmente, el Consejo alertó sobre “un intento de autorregulación de incumbencias”, al remarcar que “una entidad sin respaldo legal suficiente no puede definir qué actividades puede realizar un profesional, algo que en Argentina solo puede establecerse por normativa nacional”.

En relación con el debilitamiento de los controles, desde el CPIQ explicaron que el esquema propuesto “rompe la trazabilidad del sistema disciplinario”. Según detallaron, “si un profesional es sancionado en una entidad, podría continuar ejerciendo bajo la órbita de la otra, omitiendo o eludiendo las sanciones aplicadas”. En ese sentido, subrayaron que “en materia de seguridad, ese vacío es inadmisible”.

Respecto del veto parcial, el Consejo sostuvo que la decisión del Ejecutivo “confirma plenamente las advertencias realizadas”, ya que “al vetar artículos centrales de la ley, se reconocen los problemas de razonabilidad, superposición de competencias y riesgos en el esquema de control” que habían sido señalados desde el inicio del debate.

Desde la entidad destacaron que el veto permite que los profesionales continúen ejerciendo “bajo el paraguas institucional de un único regulador”, como la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, este sistema “garantiza orden, excelencia y un control efectivo del ejercicio profesional”.

Además, remarcaron que los Consejos Profesionales ofrecen “ámbitos de excelencia, formación continua, cursos y acompañamiento institucional”, junto con facilidades de matriculación, como “la matrícula sin costo durante los primeros años”, lo que favorece la inserción laboral y el perfeccionamiento profesional.

El CPIQ insistió en que el debate no es teórico ni abstracto. “El objetivo del sistema profesional es evitar daños, no esperar a que ocurran”, señalaron, y advirtieron que “si un profesional sin incumbencias firma una certificación errónea, el riesgo no es hipotético: es inmediato y concreto”. En ese marco, sostuvieron que “debilitar el control es retroceder en prevención”.

Por último, el Consejo rechazó las acusaciones que vinculan la discusión con una supuesta disputa económica por la matrícula profesional. “Esta acusación desconoce cómo funciona el sistema profesional argentino”, afirmaron, y aclararon que el CPIQ es “una institución pública de gestión privada” cuyos cargos son ejercidos “de manera ad honorem”. En ese sentido, concluyeron que “no se trata de una caja ni de un privilegio, sino de una función pública indelegable orientada a proteger la seguridad, la calidad técnica y el interés público”.