La situación judicial de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una presunta secta sexual, se agravó en las últimas horas tras una nueva imputación por cinco hechos adicionales de abuso sexual. La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, continúa sumando pruebas y profundiza un expediente que ya los mantiene detenidos y procesados.

Ambos ya estaban acusados por abuso sexual con acceso carnal agravado en al menos cuatro episodios ocurridos entre 2015 y 2019, cometidos contra tres mujeres. En esta segunda causa, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó nuevos ataques contra otras dos víctimas, ampliando de manera significativa el alcance de la investigación.

Entre los nuevos cargos figuran abusos sexuales con acceso carnal agravados por el grave daño causado en la salud mental de las víctimas, cometidos en reiteradas oportunidades y en concurso real con privaciones ilegales de la libertad. Además, se los acusa de un abuso sexual doblemente agravado, tanto por las secuelas psicológicas como por haber actuado de manera conjunta.

El expediente incorpora también tres hechos adicionales que incluyen abuso sexual, violación de domicilio y un abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa, todos vinculados a situaciones de encierro, coerción y restricción ilegítima de la libertad. Según consta en la causa, al menos uno de los abusos habría ocurrido dentro del propio Senado bonaerense, un dato que agrava aún más la situación procesal de los imputados.

Testimonios clave y presunto encubrimiento

Mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba y se prepara una ronda clave de declaraciones testimoniales, se produjo un hecho relevante: Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, se presentó de manera espontánea ante la UFI N°2 de La Plata.

Su testimonio cobró relevancia luego de que las denunciantes lo señalaran como parte de una presunta maniobra destinada a frenar o desviar las denuncias. Yacoy negó haber intervenido en la causa, aseguró que nunca fue notificado formalmente y afirmó desconocer gestiones realizadas en su nombre.

Las víctimas relataron que durante meses creyeron que la investigación avanzaba, con supuestos escritos presentados y medidas de protección solicitadas, hasta que comprobaron que ninguna de esas acciones se había concretado. Según el expediente, la DDI intentó contactar a Yacoy sin éxito, luego de recibir un número telefónico erróneo aportado por Melina Gaudino.

Gaudino, exdirectora de Coordinación Municipal del Ministerio de Seguridad bonaerense y luego funcionaria del área de Acceso a la Justicia en la Municipalidad de La Plata, aparece cada vez más comprometida en la causa. La fiscalía evalúa su conducta ante la sospecha de posibles maniobras de encubrimiento o protección hacia los acusados.

Rodríguez y Silva Muñoz, además de su rol como empleados legislativos, eran referentes del espacio kirchnerista La Capitana en La Plata, vínculo que también es analizado dentro del expediente judicial.

Una organización con rasgos sectarios

De acuerdo con la fiscal Betina Lacki, los acusados lideraban una estructura con características sectarias denominada “La Orden de la Luz”. Según los testimonios, Rodríguez se presentaba como una figura divina bajo el nombre de “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol central como facilitadora y guía espiritual.

Las víctimas describieron un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas, violencia física y abusos sexuales reiterados, además de castigos corporales, sesiones de “reentrenamiento”, dependencia económica y un sistema de control que dificultaba cualquier intento de abandonar el grupo.

Con los nuevos hechos imputados, el escenario judicial de los acusados se vuelve cada vez más complejo, mientras la fiscalía no descarta que aparezcan nuevas víctimas y se amplíen las responsabilidades penales en una causa de extrema gravedad institucional y humana.