Un vecino de la ciudad de Tandil reclama desde hace más de cuatro años que la Municipalidad le permita acceder a la documentación presentada por un tercero para lograr que las boletas municipales de dos terrenos de su propiedad pasaran a nombre de otra persona. Pese a los reiterados pedidos, el Municipio se negó a exhibir esos papeles y justificó su negativa en lo que denomina “secreto fiscal”.
La situación derivó en un expediente judicial que actualmente se tramita ante un juzgado contencioso-administrativo, donde el vecino inició un amparo por mora para que un magistrado ordene a la Municipalidad la entrega de copias de toda la documentación utilizada para modificar la titularidad de las tasas.
Según consta en el expediente, el vecino es titular registral de dos lotes en Tandil. Hace algunos años, una persona se presentó ante la Municipalidad con diversa documentación afirmando ser la propietaria de esos terrenos. Entre los papeles aportados habría un boleto de compraventa con la firma del dueño presuntamente adulterada y datos vinculados a un supuesto juicio de usucapión iniciado en la ciudad de La Plata.
A partir de esa presentación, el área de Rentas del Municipio cambió la titularidad de las boletas y de las tasas municipales, por lo que el verdadero propietario dejó de recibir las facturas. Al advertir la situación, comenzó a solicitar formalmente acceso al expediente para conocer qué documentación se había utilizado para desplazarlo como titular.
En 2021, el vecino realizó un pedido formal de vista del expediente generado por el tercero. En lugar de permitir el acceso directo, la Municipalidad abrió un nuevo trámite interno titulado “Consulta sobre toma vista”, con el objetivo de determinar si correspondía o no exhibir la documentación solicitada.
En ese marco, el área de Ingresos Públicos remitió el pedido a los abogados municipales para que evaluaran la procedencia de la solicitud. Según surge del expediente, el área legal recomendó corregir la situación administrativa y restituir al vecino como titular de una de las cuentas, lo que finalmente fue realizado por Rentas.
Sin embargo, la documentación presentada por el tercero nunca fue exhibida. Si bien las boletas volvieron a emitirse a nombre del propietario, el Municipio dio por cerrado el asunto sin permitirle acceder a los papeles en los que, según sostiene el vecino, se habrían falsificado sus firmas y consignado datos de un juicio inexistente o ajeno.
Desde el área de Legal y Técnica comunal sostienen que “la titularidad dominial del inmueble nunca fue modificada”, sino que únicamente se alteró la titularidad postal de las tasas, ante la presunción de un nuevo poseedor del inmueble.
En 2025, cansado de esperar, el vecino volvió a presentar una nota y solicitó por cuarta vez copias de toda la documentación aportada por el tercero, así como de los informes internos que motivaron el cambio de titularidad. Ante la falta de respuesta, inició un amparo por mora, una acción judicial destinada a obligar al Estado a resolver pedidos administrativos pendientes.
La demanda apunta exclusivamente a que el Municipio entregue copias de los boletos, eventuales juicios de usucapión y demás papeles utilizados para modificar la situación fiscal de los terrenos.
Recién luego de un requerimiento judicial, la Municipalidad respondió que no podía exhibir esa documentación porque se encontraría amparada por el “secreto fiscal”. Según el informe elevado al juzgado, los papeles presentados por el tercero no obran en el expediente administrativo principal, sino en un “legajo fiscal” separado, al que no se permitiría el acceso.
El vecino y su abogado rechazaron esa postura y sostienen que las normas citadas por el Municipio refieren a casos de competencia de la AFIP y no resultan aplicables a una situación en la que el propio titular registral solicita conocer qué se hizo con sus bienes. Además, cuestionan que el secreto fiscal sea utilizado para proteger a quien habría presentado documentación apócrifa.
El expediente judicial se encuentra en condiciones de ser resuelto por el juzgado interviniente. Más allá del resultado, el caso abre un interrogante de fondo en la ciudad: si un vecino debe recurrir a la Justicia para que el Municipio le muestre qué documentación se utilizó para intervenir sobre sus propios terrenos, qué garantías existen para el resto de la ciudadanía respecto de la transparencia y el resguardo de sus derechos patrimoniales.