El Gobierno nacional estudia la implementación de un sistema de gestión privada en cinco hospitales ubicados en territorio bonaerense que actualmente son administrados de manera conjunta con la Provincia. La propuesta contemplaría el cobro de una cápita a los usuarios para acceder a la atención médica.

Los establecimientos involucrados son el hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el hospital “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de administración mixta entre Nación y Provincia.

Si bien no existe información oficial, el Gobierno nacional admitió al diario La Nación que analiza distintas opciones para la administración de estos hospitales. La alternativa considerada como más probable es la aplicación del denominado “sistema español”, que implicaría la concesión a un operador privado con un esquema de cápitas que, según lo planteado, permitiría garantizar el acceso a las prestaciones de los sectores más vulnerables.

El objetivo del plan sería reducir el costo que implica para el Estado nacional el sostenimiento de los hospitales. En la actualidad, el financiamiento es compartido entre Nación y Provincia, aunque la mayor carga recae sobre el gobierno nacional, que cubre el 80 % de la inversión en el hospital de Cañuelas y el 70 % en los otros cuatro establecimientos. En el caso del hospital “Presidente Néstor Kirchner”, el municipio de La Matanza aporta un 3 %.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no descartó otras alternativas, como el traspaso de los hospitales a la órbita provincial. Sin embargo, fuentes del sector indicaron que la opción del modelo español sería la más probable, al considerar que los hospitales podrían solventarse mediante aportes de empresas de medicina prepaga y obras sociales.

Uno de los interrogantes pendientes es el formato legal para avanzar con la iniciativa. Dado que los hospitales fueron creados por ley, la implementación de un nuevo esquema podría requerir una norma aprobada por el Congreso, aunque no se descarta la utilización de un decreto. Actualmente, los hospitales cuentan con equipos directivos designados por Nación y consejos de administración con representantes provinciales en minoría.

En este marco, el ministro Lugones mantiene diferencias con su par bonaerense, Nicolás Kreplak, en torno a una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el funcionario provincial niega, aunque reconoce la existencia de remanentes de partidas impagas.

La posible modificación del esquema de gestión generó rechazo en el ámbito gremial. En un comunicado, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió que la alternativa analizada representa una amenaza al carácter público y estatal del sistema de salud y pone en riesgo el derecho a una atención universal, gratuita y de calidad.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa se inscribe en una política de desfinanciamiento de los hospitales públicos y remarcaron que, en el caso de los SAMIC, la situación resulta especialmente grave debido a su alta dependencia del financiamiento nacional. Así lo expresó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel.