La causa que investiga la presunta existencia de una red de manipulación y abusos sexuales vinculada al Senado bonaerense incorporó un nuevo avance judicial. En las últimas horas se conoció que la fiscal Betina Lacki solicitó autorización al juez de garantías, Juan Pablo Masi, para avanzar con la apertura de todos los soportes tecnológicos secuestrados durante los allanamientos efectuados en el marco del proceso.

La investigación se encuentra en etapa de recopilación probatoria y tomó estado público luego de que una serie de denuncias que derivaron en procedimientos, detenciones y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una tablet. Ese material será analizado con el propósito de profundizar la pesquisa y avanzar sobre otros posibles integrantes de la presunta organización, por acción u omisión.

Según el requerimiento judicial, el Ministerio Público Fiscal busca recuperar correos electrónicos, mensajes, fotografías y videos que podrían resultar relevantes para acreditar los hechos denunciados y establecer el grado de participación de las personas involucradas. Hasta el momento, hay dos detenidos identificados: Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.

De acuerdo a lo informado, la causa investiga una presunta trama de abusos sexuales, algunos de ellos agravados por acceso carnal, que habría operado a través de vínculos de poder, manipulación psicológica y mecanismos de captación de víctimas dentro de un ámbito institucional. En ese contexto, no se descarta la existencia de más personas involucradas, tanto en carácter de autores como de partícipes secundarios.

Desde la fiscalía se considera que el análisis integral del material digital permitirá reconstruir comunicaciones, vínculos y posibles maniobras de encubrimiento, aportando elementos objetivos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Por ese motivo, el pedido de autorización apunta a garantizar que las pericias se realicen con aval judicial y con resguardo de la cadena de custodia.

Mientras se aguarda la resolución del juez Masi para habilitar el examen técnico de los dispositivos secuestrados, el expediente continúa en trámite. Entre los datos aportados por voceros con acceso a la causa se menciona a una profesional que habría mantenido un vínculo sentimental cercano con los detenidos y que sería familiar directo de una de las denunciantes, quien es considerada una persona de interés para la investigación.

Asimismo, se mencionó a un senador con mandato cumplido que actualmente se desempeñaría en una repartición oficial y que, durante su etapa como legislador, habría entablado una presunta relación con una de las víctimas, omitiendo denunciar la posible existencia de un delito.

En función de estos elementos, se investiga si el material secuestrado puede contener información relevante sobre la estructura investigada y la identidad de sus eventuales integrantes. Un investigador indicó que dentro de los dispositivos podrían hallarse correos electrónicos, videos, fotografías o indicaciones vinculadas a personas que habrían formado parte de los hechos investigados durante años.

Hasta el momento, se registran cuatro mujeres denunciantes. Tres de ellas cuentan con el patrocinio del abogado Ignacio Fernández Camilo, quien solicitó autorización para actuar como particular damnificado y aportar elementos de cargo a la causa.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían iniciado en 2015. Según consta en la orden de detención, Rodríguez se presentaba como líder y sensei de una organización denominada “La Orden de la Luz”, a través de la cual captaba a las víctimas mediante falsas promesas laborales, con la colaboración central de su pareja, Daniela Silva Muñoz.