El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra el gremio de los controladores aéreos y profundizó la escalada del conflicto que mantiene paralizada parcialmente la actividad aerocomercial en plena temporada alta.
La presentación fue realizada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, por la interrupción del servicio de navegación aérea y por presuntas conductas que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional.
Desde la empresa señalaron que la colocación de carteles y banderas en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza constituyó un riesgo para las operaciones aéreas. Advirtieron así que el eventual desprendimiento de esos elementos podría derivar en la ingesta por las turbinas de las aeronaves, con peligro para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.
Además, sostuvo que la presencia de estos objetos genera distracciones y obstaculiza la visibilidad y la concentración necesarias para las tareas que realizan los controladores en las terminales más transitadas del país. En ese marco, EANA afirmó que el derecho a la protesta no puede ejercerse vulnerando la seguridad de la navegación aérea y que la denuncia busca resguardar la operatividad del sistema y a los usuarios.
Las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ya provocaron fuertes alteraciones en el cronograma de vuelos, con demoras y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros en Aeroparque, Ezeiza y aeropuertos del interior. Según estimaciones oficiales, la cantidad de personas damnificadas por las reprogramaciones y cancelaciones superaría las 40.000 tras la primera jornada de paro y la que se desarrolla este miércoles.
Aerolíneas Argentinas anticipó que solo en la jornada actual se verán afectados más de 60 vuelos, mientras que Flybondi informó que debió realizar ajustes preventivos en su programación para reducir el impacto en sus clientes.
Pese a la denuncia judicial, el sindicato ratificó la continuidad del plan de lucha y confirmó nuevas medidas para los días 23, 27 y 29 de diciembre, que alcanzarán tanto a vuelos de cabotaje como internacionales en franjas horarias clave. Desde ATEPSA defendieron la legitimidad de las acciones y atribuyeron el conflicto a la ruptura del diálogo con las autoridades, el incumplimiento del convenio colectivo, despidos recientes y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Con el conflicto ya en el plano judicial, la intervención del juez Rafecas será clave para determinar si las acciones gremiales denunciadas constituyen un delito contra la seguridad pública o si se encuadran dentro del ejercicio del derecho sindical. Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo de cara al cierre del año sigue condicionada por la falta de acuerdo entre las partes.