La presidenta del Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ), Marcela De Luca, advirtió que la ley aprobada recientemente por la Legislatura porteña —aún pendiente de promulgación— podría debilitar el sistema de control del ejercicio profesional en materia de Higiene y Seguridad. Según la directiva, esto tendría consecuencias directas sobre la seguridad de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con distintos medios, De Luca explicó que la norma equipara a los Consejos Profesionales creados por ley con una asociación civil privada, lo que abriría la puerta a un esquema de doble matriculación. «Esto generaría zonas grises muy peligrosas: si dos entidades matriculan y controlan, en los hechos puede terminar pasando que nadie controle», señaló la titular del CPIQ.

La representante de los ingenieros químicos remarcó que el Consejo cuenta con profesionales con título de grado cuyas incumbencias están definidas por legislación nacional. Por este motivo, cuentan con habilitación directa para intervenir en tareas vinculadas a la Higiene, la Seguridad y el Medio Ambiente.

De Luca subrayó que el rol del organismo no se limita a la matriculación, sino que incluye facultades disciplinarias y de sanción. «Si un profesional actúa mal, el Consejo puede sancionarlo, incluso quitarle la matrícula e impedirle ejercer en cualquier parte del país. Ese control es clave cuando se trata de actividades que involucran riesgos», afirmó.

Para ilustrar el peligro de debilitar los controles, la ingeniera recordó hechos recientes de gravedad: «El 4 de diciembre pasado, un andamio cayó en la Ciudad de Buenos Aires y murió una persona. Ese es el riesgo del que hablamos cuando fallan los controles».

Asimismo, recordó que en 2007 existió un antecedente similar que fue vetado por el Poder Ejecutivo porteño. En aquel entonces, se entendió que la iniciativa podía generar un vacío de control y riesgos por la doble matriculación.

Finalmente, De Luca insistió en que la postura del CPIQ no es una disputa corporativa, sino la defensa del interés público. Aseguró que las actividades de control industrial y medio ambiente deben estar reguladas por organismos creados por ley, con profesionales con incumbencias claras y capacidad real de sanción para proteger a las personas y los bienes.