La Justicia dispuso el traslado de la niña del denominado “Caso Arcoiris” a la provincia de La Rioja, donde quedará bajo el cuidado de su familia paterna. La decisión reactiva una causa que permaneció virtualmente paralizada durante años y pone el foco sobre organismos y funcionarios que habrían interferido de manera ilegal en las actuaciones judiciales.

Bárbara Morelli, presidenta de la Asociación Civil Morelli, explicó que la institución comenzó a intervenir a principios de 2023 al advertir que no había un control efectivo sobre la situación de la menor. Según relató, el Juzgado Nacional de Capital Federal ordenó a la madre informar el domicilio y la escolaridad de la niña, pero ante el incumplimiento se dictó una búsqueda urgente.

“La Justicia no sabía dónde estaba la niña. Finalmente se dio con su paradero en la Ciudad de Buenos Aires. La menor no estaba escolarizada y permanecía encerrada para evitar que fuera localizada”, afirmó Morelli.

Denuncias de obstrucción institucional

La titular de la asociación recordó un episodio de gravedad institucional ocurrido cuando se intentó cumplir una orden de restitución previa. Según denunció, un grupo de militantes y dirigentes políticos, con la participación de la entonces defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, impidió un allanamiento policial ordenado por la Justicia.

“Ese allanamiento tenía como único objetivo garantizar el cumplimiento de una resolución judicial. Lo que ocurrió fue una obstrucción abierta a la Justicia, con presiones directas sobre juezas de La Rioja para frenar el procedimiento”, sostuvo la abogada. Estas acciones motivaron una denuncia penal contra la exdefensora en los tribunales de Comodoro Py.

El cumplimiento de la ley

Morelli subrayó que la orden ejecutada actualmente ya había sido dictada en 2023, pero su cumplimiento se demoró por una “política cómplice” que protegió a la madre en contra de las decisiones judiciales. Destacó además el trabajo del equipo jurídico riojano, que logró el sobreseimiento del abuelo paterno y la protección de la niña pese a las presiones ideológicas.

“Lo que se está cumpliendo ahora es lo que la Justicia había ordenado hace tiempo. La niña debe regresar a La Rioja con su padre y su abuela. Es simplemente el cumplimiento de la ley, que fue demorado de manera inadmisible”, sentenció. Finalmente, lamentó la persecución sufrida por la fundación y advirtió que el caso expone cómo ciertos sectores utilizan consignas para justificar atropellos institucionales.