El gobierno bonaerense multó a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y DirecTV con 167 millones de pesos a cada una, tras comprobar prácticas reiteradas que obstaculizaron el derecho de los consumidores a dar de baja los servicios contratados. 
En una medida dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, se busca que las empresas se atengan a las consecuencias de sus irregularidades, luego de detectar incumplimientos sostenidos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
La sanción se basó en el análisis de alrededor de 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV, que dieron cuenta de múltiples dificultades para concretar la rescisión del servicio. Entre las irregularidades constatadas se encuentran la imposibilidad de realizar la baja por canales presenciales, telefónicos o digitales, la falta de funcionamiento del Botón de Baja en las páginas web y la exigencia de preavisos o pagos de períodos completos.
Desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos del Consumidor también se detectó la utilización de mecanismos dilatorios, como derivaciones constantes entre distintos canales de atención, respuestas automáticas que redirigían a vías inoperantes y extensos tiempos de espera. A esto se sumó la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que impedían la baja del servicio en caso de existir deudas.
“En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos de las y los bonaerenses. Estas políticas públicas buscan garantizar equidad, transparencia y respeto, y defender especialmente a quienes están en una posición más débil frente a prácticas abusivas. Es una decisión política clara del ministro Augusto Costa ponerse del lado de las y los consumidores bonaerenses”, afirmó en un comunicado, Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.
En este sentido, las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de prácticas somete a las personas usuarias a un trato vejatorio y les impone cargas irrazonables que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos. La normativa vigente establece que los proveedores deben garantizar un trato digno y canales de atención eficaces, evitando procedimientos abusivos o dilatorios.
Además de la multa económica, el Ministerio ordenó a ambas empresas que arbitren los medios necesarios para asegurar que la rescisión del servicio pueda realizarse por el mismo canal utilizado para la contratación, sin trámites adicionales ni demoras injustificadas. Telecentro y DirecTV ya fueron notificadas y cuentan con un plazo de 20 días para acreditar las modificaciones exigidas y el pago de la sanción.