Especialistas y entidades profesionales expresaron su preocupación por una ley aprobada por la Legislatura porteña que, de ser promulgada, podría modificar de manera sustancial el sistema de control del ejercicio profesional en materia de seguridad, higiene y protección ambiental en la Ciudad de Buenos Aires.
La norma, sancionada tras una extensa sesión de más de 26 horas, equipara a los Consejos Profesionales históricos con el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad, una asociación civil que cuenta únicamente con personería jurídica. Según advierten desde el sector, esta equiparación desconoce el marco legal vigente que regula a las profesiones cuyo ejercicio compromete la seguridad pública.
Si bien la ley aún no fue promulgada por el Ejecutivo porteño, el antecedente inmediato genera expectativa. En 2007 una iniciativa de características similares fue vetada por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Desde los Consejos Profesionales señalan que, si la norma entra en vigencia sin modificaciones, podría habilitar a personas sin incumbencias a firmar informes técnicos, validar instalaciones industriales, realizar pericias o emitir certificaciones ambientales.
“No estamos hablando de trámites administrativos. Son actividades que pueden afectar la salud, el ambiente y la seguridad de la comunidad. Por eso el Estado siempre delegó estas funciones en Consejos creados por ley”, explicaron fuentes de la Junta Central de Consejos Profesionales.
Los Consejos Profesionales administran desde hace más de seis décadas la matriculación obligatoria de profesionales de áreas como agrimensura, arquitectura, ingeniería, higiene, seguridad y protección ambiental. Además, ejercen facultades disciplinarias, aplican sanciones y controlan que solo actúen quienes poseen incumbencias habilitantes. Su autoridad surge de decretos y leyes nacionales que delegaron esas funciones para proteger el interés público.
El Colegio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, en cambio, fue creado en 1970 como una entidad privada. Según remarcan especialistas, no posee potestades legales para regular el ejercicio profesional ni para otorgar matrículas habilitantes. La ley aprobada abriría un escenario de doble matriculación, con riesgos concretos como la dispersión de responsabilidades, la dificultad para aplicar sanciones y la posibilidad de eludir controles.
“La matriculación obligatoria está delegada por el Estado a los Consejos creados por ley. Una entidad privada con solo personería jurídica no puede otorgar matrícula habilitante”, explicó Alejandro Pérez Vargas, vocero del Consejo Profesional. Y agregó: “No es un tema corporativo, es un tema de responsabilidad legal. Imaginate que un profesional sancionado por un derrumbe pueda volver a trabajar rápidamente porque otra institución lo matricula”.
Desde el sector también advirtieron que la Ciudad enfrenta actualmente una situación sensible en materia edilicia. “Cualquier esquema de doble matriculación facilita la evasión de controles y genera zonas grises que, en profesiones de riesgo, pueden traducirse en daños concretos para la comunidad. En una ciudad con más de 5.400 edificios con riesgo de derrumbe, relajar condiciones en seguridad e higiene es todo lo contrario a lo que debería ocurrir”, señalaron fuentes consultadas.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo que habilita al Colegio a realizar estudios, pericias, mediciones y certificaciones técnicas, actividades que, según recuerdan los Consejos, están reservadas por normas nacionales a profesionales con incumbencias específicas. También genera alarma el reconocimiento como “profesionales habilitados” de auxiliares e idóneos, una figura que fue descartada hace décadas en la legislación nacional por no cumplir con estándares de formación suficientes.
“Volver a habilitar figuras idóneas sin incumbencias es retroceder décadas en materia de protección y control”, afirmaron desde la Junta Central. En la misma línea, el Consejo de Ingenieros Químicos fue contundente: “Si pongo a hacer un trabajo a gente no capacitada, hay muertes”.
El debate, subrayan desde el ámbito profesional, no es corporativo sino institucional. La decisión final ahora está en manos del Gobierno de la Ciudad, que deberá definir si promulga la ley tal como fue aprobada o si introduce cambios para evitar, según advierten, un retroceso en los controles que resguardan la seguridad y la salud de la población.