La Fundación Apolo fue aceptada formalmente como parte querellante en la causa que investiga una operatoria de presunto lavado de activos, evasión tributaria agravada y delincuencia económica organizada vinculada a la firma Sur Finanzas PSP S.A., según resolvió el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora.

Los firmantes de la querella en representación de Apolo son el abogado Yamil Santoro, director general, junto al jefe de Asuntos Legales José Lucas Magioncalda. Desde la organización adelantaron que ejercerán un control activo del proceso para garantizar el avance de la investigación y evitar cualquier maniobra de encubrimiento o impunidad.

Santoro señaló: «Cuando el dinero ilícito se mezcla con estructuras del deporte, la política o el Estado, lo que está en juego no es solo un delito económico: es la credibilidad de las instituciones. Por eso vamos a impulsar esta causa hasta el final».

La resolución judicial reconoce la legitimación activa de la Fundación en función de su objeto estatutario de defensa de la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de incidencia colectiva. La causa investiga maniobras por un monto superior a los $818.000 millones de pesos, presuntamente canalizadas a través de una red de personas físicas y jurídicas.

De acuerdo al dictamen fiscal incorporado al expediente, los responsables de Sur Finanzas habrían evadido el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. Además, habrían puesto en circulación activos de origen ilícito provenientes de fraudes financieros y delitos tributarios, utilizando estructuras vinculadas, entre otras, a clubes de futbol y a distintas entidades jurídicas.

En su presentación, Fundación Apolo sostuvo que Sur Finanzas aparece prima facie como un engranaje dentro de un esquema de presunto lavado de activos vinculado al desvío de fondos públicos y privados. La organización encuadra el caso dentro de los fenómenos de delincuencia económica organizada que, conforme estándares internacionales, constituyen una amenaza directa para el funcionamiento de las instituciones democráticas y los derechos humanos.