La reforma laboral propuesta en Argentina es un tema instalado con alta visibilidad pública y fuerte impacto político, según una encuesta realizada en el Gran Mendoza. El 64,5% de los consultados considera que la medida es necesaria para el país, frente a un 35,5% que la rechaza.
Esta opinión se encuentra polarizada por la ideología: el apoyo asciende al 89,3% entre votantes de Milei, mientras que en los votantes de Massa se reduce al 33,3%, predominando el rechazo. Esta divergencia convierte el tema en un factor central de comportamiento electoral: para el 75,6% de la población, su posición frente a la reforma influirá directamente en su voto futuro.
Pérdida de Derechos: Seis de cada diez mendocinos (59,9%) manifiestan temor a perder derechos laborales. Entre votantes peronistas este temor se eleva al 93,3%, en tanto que entre votantes del oficialismo solo alcanza el 28,6%.
Emociones y Empleo: El 56,4% expresa preocupación respecto al impacto de la reforma, mientras que el 43,6% la observa con esperanza. Respecto a los efectos concretos, el 48,8% no cree que la reforma genere mayor empleo, y solo el 40,7% considera que sí lo hará.
Beneficiarios: El 50,6% de la población general señala a las empresas como las principales beneficiarias. Este contraste ideológico es extremo: el 81,7% de los votantes de Massa sostiene que beneficiará a las compañías, frente al 67,9% de los votantes de Milei que afirma que beneficiará a los trabajadores.
Negociación por Empresa: El 48,3% de los encuestados considera que la negociación salarial por empresa sería perjudicial para los trabajadores, frente a un 34,9% que estima que generaría mejoras en la empleabilidad.
Un 61,1% de los ciudadanos considera que los sindicatos tienen demasiado poder en el país. Sin embargo, este dato no implica necesariamente un rechazo a las conquistas, ya que el 65,7% prioriza la estabilidad laboral por sobre la flexibilidad. La consultora analizó que existe una crítica a la burocracia sindical, pero un apego a las conquistas laborales.
En conclusión, la encuesta refleja una sociedad que reconoce la necesidad de cambio, pero exige garantías y certidumbre. El mandato ciudadano es claro: avanzar en la modernización laboral, pero sin erosionar las bases de estabilidad y protección del empleo formal.