El juez federal Daniel Rafecas declaró la incompetencia de su juzgado para investigar una denuncia por presunto lavado de activos formulada contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, y ordenó remitir el expediente al fuero Penal Económico por tratarse de un hecho vinculado al orden económico y financiero.

La causa, iniciada tras una presentación de Elisa Carrió y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, apuntaba a la adquisición por parte de la empresa Real Central S.R.L. de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El predio incluiría autos de colección, caballos de carrera, un helipuerto y diversas instalaciones deportivas. Los denunciantes sostuvieron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no permitirían justificar la operación.

El expediente judicial incorporó informes comerciales, documentación societaria, registros catastrales y material audiovisual. También se mencionaron vínculos de Pantano con actividades deportivas y empresariales, así como versiones públicas que atribuían la propiedad a terceros no formalmente identificados.

En su resolución, el juez Rafecas sostuvo que, al no advertirse un delito precedente de naturaleza federal ni elementos que habiliten la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal, ordenó enviar la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que se sortee el juzgado que continuará la investigación.