En Ramallo, donde el intendente peronista Mauro Poletti aseguró en diciembre del 2023 que “el ajuste lo hará la política”, los hechos parecen contradecir su propio lema. Mientras aseguraba que el esfuerzo no debe caer sobre los vecinos ni el sector productivo, el municipio avanzó con una decisión que encendió alarmas en todo el corredor industrial: imponerle a Ternium —la principal empresa del distrito y parte del Grupo Techint— un impuesto de Seguridad e Higiene de $330.000 mensuales por empleado.

Sí: por empleado.

El propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, lo sintetizó con crudeza en una exposición durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, en noviembre pasado: «La carga impositiva, que hoy es una piedra para todo, a todos los niveles, estatal, provincial, municipal. La municipalidad de Ramallo decidió un día poner un impuesto de género de seguridad de 300.000 pesos por cada empleado por mes. Ahora estamos en la justicia, pero, quiero decir, hay cosas que obviamente son particulares. Hay una presión sobre el sector formal alto».

Las palabras del empresario no surgieron de un análisis abstracto: describen una realidad que ya escaló al plano judicial. La propia prensa local detalló que la Municipalidad evaluó incluso vender la deuda que, según el Ejecutivo, la compañía mantiene por este tributo. En paralelo, Poletti agitó la discusión acusando a Rocca de no mostrar balances, mientras la Corte bonaerense falló a favor de Ternium en una causa vinculada a la misma tasa de Seguridad e Higiene.

A pesar de estos antecedentes, el intendente insiste en avanzar con un esquema fiscal que no sólo resulta inusual en el país, sino que coloca al municipio en un conflicto directo con una de las industrias más grandes y formales de la región.

El ajuste que nunca llegó a la política

Pero la paradoja central está puertas adentro del municipio. Porque mientras Poletti multiplica costos al privado, su propia estructura estatal sigue intacta. Tal como señalan fuentes locales, el municipio tendría más de 1100 empleados.
No hubo reducción de planta, no hubo revisión de cargos políticos, no hubo recortes de salarios ni actualización del organigrama. El “ajuste”, ese que según el intendente debía nacer de la política, quedó en un eslogan.

Y cuando los trabajadores municipales reclamaron por salarios y condiciones, la respuesta del Ejecutivo fue inmediata: suspensiones. Ocurrió con agentes de Prevención que protestaron frente al edificio municipal. El mensaje fue claro: a las empresas, impuestos extraordinarios; a los empleados, sanciones.

Una economía municipal desordenada y una comunidad en vilo

Mientras tanto, los vecinos conviven con un escenario que combina presión fiscal, conflictos judiciales y un municipio que no ordena sus cuentas ni su planta de personal. Y por si fuera poco, Poletti aseguró días atrás que intervenir en seguridad es una decisión política, reconociendo implícitamente el desborde que sufre el distrito. En su discurso de asunción el tema había sido clave e incluso aseguró que crearían un Observatorio de Seguridad, para «contar con estadísticas y mejores herramientas para darle seguridad a los vecinos».

Lo que queda, dos años después, es un clima de preocupación creciente: un Estado municipal que se expande, una política que no ajusta y un sector privado que enfrenta tasas inviables, todo en un contexto donde —como admiten las propias autoridades— la inseguridad está a la orden del día.