La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde mañana como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, junto a otros 86 acusados, entre ellos exministros de su gestión, el chofer autor de los "cuadernos" Oscar Centeno y medio centenar de hombres de negocios. La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, advirtió que se trata de la investigación de hechos de corrupción "más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina".

El proceso judicial comenzará a las 9.30 y será transmitido por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, darán inicio al debate, que se prevé que se extienda durante al menos tres años. El primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al estrado.

La exmandataria deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la Causa Vialidad, sentencia que la Corte Suprema dejó firme este año. Serán también juzgados en esta ocasión el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública, José López; el exfuncionario de esa cartera, Roberto Baratta; y los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Se juzgarán 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública. Llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos conductores, uno de ellos el remisero autor de los escritos, Centeno, imputado colaborador en la causa y procesado como supuesto miembro de asociación ilícita. Entre los hombres de negocios citados están el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La investigación se centró en la existencia de una asociación ilícita que habría operado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de compañías constructoras, de energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los cargos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.