En Argentina ocurre una situación que muchos conocen pero prefieren no mirar demasiado: sacar a un niño del país de manera ilegal es más fácil de lo que la mayoría imagina. Y, por lo general, cuando finalmente logramos detectar la ruta y al responsable, el proceso recién empieza. Porque en varios países de la región el secuestro parental no es delito, no se configura como trata y, directamente, ni siquiera se persigue. Mientras discutimos tecnicismos, hay chicos que desaparecen de sus casas, de sus escuelas, de sus barrios, y nunca más vuelven a ser vistos.

El caso de Loan Peña, que ya superó el año desde su desaparición, expuso esa realidad con crudeza. Más allá de las líneas de investigación y los cambios de acusaciones, el punto central es uno: si un menor logra ser trasladado fuera del territorio argentino sin controles, las posibilidades de recuperación caen drásticamente. La triple frontera se convirtió hace años en una zona gris donde el tráfico de personas, el tránsito clandestino y la informalidad documental son moneda corriente. Para un adulto decidido a huir, no se necesitan pasaportes, ni permisos, ni controles migratorios estrictos: existen rutas por tierra donde los chicos pueden cruzar en autos, en motos o incluso en micros que salen de Retiro sin documentación y recorren Paraguay y Bolivia sin que nadie pregunte demasiado.

Cuando un niño es sacado del país, el paso siguiente debería ser automático: denuncia, alerta internacional, activación de la Convención de La Haya sobre restitución internacional y cooperación judicial plena. Sin embargo, en la práctica no ocurre así. Brasil, por ejemplo, no tipifica el secuestro parental como delito, lo que hace que cientos de causas queden congeladas o negociadas como si se tratara de un conflicto familiar menor. En Bolivia pasa algo similar: el traslado de niños y adolescentes sin documentación se encuentra naturalizado y el maltrato infantil, lejos de ser una excepción, es tolerado socialmente. Cuando Argentina solicita una restitución, muchas veces la respuesta es lenta, burocrática y fría, como si el tiempo no importara. Pero para un niño, cada día importa. Cada mes importa. Cada año es irreparable.

En nuestra Asociación acompañamos a varias familias atravesadas por esta pesadilla: padres y madres que no duermen, que dejan sus trabajos, que gastan lo que no tienen para viajar, buscar, denunciar, insistir. Cuando la justicia local no actúa y la extranjera relativiza el hecho, la sensación es devastadora. Hay madres argentinas que llevan dos años esperando respuestas. Hay padres que lograron localizar a sus hijos en otro país, pero no pueden recuperarlos porque “no configura delito”. ¿Cómo se explica que alguien pueda entrar a un país con un menor secuestrado y que el Estado receptor no lo considere grave?

La ausencia de controles reales en rutas terrestres es otro eslabón roto. En Argentina no se puede subir a un avión con un menor sin autorización, pero sí se puede subir a un micro y atravesar fronteras sin documentos. Esto no es una hipótesis: pasa. Hay vehículos que salen desde Retiro, cruzan Paraguay, ingresan a Bolivia y nadie pide una partida de nacimiento. No hay registro, no hay alerta, no hay supervisión. La víctima —el niño— queda completamente invisibilizada.

Cuando hablamos de secuestro parental no hablamos de un conflicto familiar: hablamos de un delito que destruye la infancia y quebranta derechos humanos fundamentales. Un niño arrancado de su país, de su idioma, de su escuela, de sus afectos, está siendo violentado. Y cuando el Estado no devuelve a ese niño a su lugar de vida, también está siendo violentado por la burocracia.

Argentina necesita una política exterior clara para estos casos: acuerdos bilaterales específicos, cooperación real entre fiscalías, mecanismos urgentes de restitución y unificación de criterios con países limítrofes. No alcanza con activar Interpol si después el país receptor no colabora. No alcanza con leyes escritas si no hay controles en la frontera. Y no alcanza con discursos si, mientras tanto, seguimos llenando paredes de afiches de niños desaparecidos.

Cada vez que un chico cruza la frontera sin control, la ley pierde y la delincuencia gana. Cada vez que una madre o un padre recorre consulados sin respuestas, la infancia queda en manos de la impunidad. Cuando una restitución internacional se demora años, el daño psicológico sobre ese niño se vuelve irreversible.

El caso Loan nos recuerda algo incómodo: si un menor puede desaparecer sin dejar rastro y todos los mecanismos internacionales fallan, entonces el sistema no está protegido: está roto. La pregunta es cuánto más vamos a esperar para repararlo.