Los argentinos se preparan para acudir a las urnas este domingo 26 de octubre y votar por la composición de la nueva Legislatura Nacional. Una encuesta se pregunta cómo se caracteriza esta sociedad y con qué contexto acudiran a los comicios. 
Según una encuesta nacional de la consultora Escenarios, en el país se puede ver un cuadro social y político de fuerte polarización y malestar. Con 1.404 casos representativos de todo el país, el estudio muestra que el 41% de los hogares tiene deudas y que la mayoría de los argentinos tuvo que reducir gastos en el último año.
Es en ese contexto que la esperanza en el sistema político y la democracia en sí es cada vez menor, aunque a pesar del malestar, la mayoría sigue valorando la democracia.
Frente a un alto nivel de adhesión a la democracia —el 71,7% la considera el mejor sistema posible—, emergen señales de alarma: el 26,5% cree que puede haber otras formas de gobierno “igualmente buenas o mejores”, y el 31,4% estaría dispuesto a aceptar un régimen no democrático “si logra ordenar la economía y resolver la inseguridad”.
El apoyo a un gobierno autoritario crece entre personas con menor nivel educativo (49,9%) y mayores de 75 años (45,7%), lo que sugiere que la crisis económica y la inseguridad erosionan la confianza en las instituciones.
Sin embargo, pese al escepticismo, el informe también muestra que la expectativa de mejora económica a futuro aumenta levemente. Más encuestados creen que la situación del país podría estar mejor dentro de un año, aunque la evaluación actual sigue siendo negativa.
En el terreno institucional, las Fuerzas Armadas y la Iglesia encabezan el ranking de confianza, seguidas por la Justicia y la Policía. En el otro extremo, los partidos políticos y el Congreso concentran los niveles más altos de desconfianza, con menos del 20% de aprobación.
Respecto del rol del Estado, la mayoría apoya su intervención para garantizar derechos básicos, pero también considera que gasta más de lo que puede y que necesita ser más eficiente. Hay consenso en sostener la educación y la salud públicas, aunque más del 65% rechaza los subsidios generalizados y los aumentos de impuestos.