Natalia Álbarez Gómez, quién asumió su cargo como rectora de la Universidad Nacional de La Rioja el 21 de diciembre de 2024, se enfrenta hoy a una denuncia penal por presunta usurpación de funciones públicas (artículo 246 del Código Penal). 
La Fundación Apolo, una ONG anti-corrupción, denunció a la rectora por asumir el cargo sin cumplir los requisitos legales. De acuerdo con su presentación, Gómez habría sido oficializada como candidata y luego proclamada rectora sin reunir los requisitos legales  exigidos por la Ley de Educación Superior N° 24.521, el Estatuto Universitario y el Convenio Colectivo de Trabajo del sector docente universitario.
Específicamente, la denuncia emitida a través de los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio de la letrada Elizabeth Marquez, señala que la rectora no accedió  a la docencia mediante concurso público de antecedentes y oposición, condición indispensable para integrar órganos de gobierno y ejercer la máxima autoridad universitaria.
De esta forma, la acusación también apunta contra la Junta Electoral General de la universidad, cuyos miembros habrían dictado resoluciones contrarias a la ley (artículo 248 del Código Penal). Esta oficializó la candidatura a pesar de las impugnaciones presentadas, llendo en contra de la normativa vigente y desoyendo el principio constitucional de idoneidad para el acceso a la función pública.
Es por esto que la ONG presentó la denuncia ante la Justicia Federal e impulsó pedidos de informes a la UNLaR y un requerimiento de actuaciones judiciales a la Cámara Federal de Córdoba. En este sentido argumentaron: “La autonomía está limitada por la Constitución y la Ley de Educación Superior. Cuando se ignoran esos límites, la autonomía se convierte en refugio de ilegalidad”.
Además, desde Apolo sostuvieron que “es de público conocimiento que Álbarez Gómez mantiene una clara vinculación con el oficialismo provincial riojano y que su figura ha estado asociada a episodios de fuerte contenido político, como su presunta participación en la toma del edificio de la Legislatura de La Rioja y los hechos de violencia allí ocurridos, tales como la quema de su puerta de acceso. Por otra parte, la propia Universidad Nacional de La Rioja decretó duelo institucional con suspensión de actividades académicas y administrativas tras el fallecimiento de la madre de la denunciada”.