El Gobierno del presidente Javier Milei anunció una ofensiva de reformas que apuntan a una profunda desregulación económica y laboral, un movimiento que contrasta fuertemente con las tendencias que se observan en gran parte del mundo desarrollado. El paquete de cambios que se prepara incluye la intención de extender la edad jubilatoria hasta los 70 años y la implementación de una reforma laboral que flexibilizaría las jornadas con un sistema que promedie guardias activas y pasivas según las necesidades empresariales.

Esta dirección política choca con las experiencias de países como Reino Unido, Islandia o Japón, donde se están llevando a cabo programas piloto de semanas laborales de cuatro días. Estos ensayos han demostrado consistentemente una mayor satisfacción y motivación de los empleados, una reducción del estrés y una productividad que se mantiene o incluso se supera, incluso con menos horas de trabajo. Mientras la inteligencia artificial y los avances tecnológicos impulsan a otros países a debatir cómo equilibrar mejor el trabajo y la vida personal, Argentina parece apuntar a un modelo de mayor carga laboral.

La reforma laboral que está en gestación fue justificada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló en el Congreso Somos Pymes que la actual estructura laboral es "indignante" y ha estancado el crecimiento de empleadores desde 2007. El fundamento principal de la iniciativa es flexibilizar el mercado y fomentar la registración, aunque el enfoque principal del Gobierno ha estado puesto en el fondo de cese laboral y los mecanismos de indemnización, como se introdujo en el DNU 70/2023.

El principal escollo para una reducción de la jornada laboral en Argentina no es la ley, que solo establece un máximo de 8 horas diarias y 48 semanales, sino la necesidad de modificar la legislación para garantizar la mantención del mismo salario. Cualquier reducción de la carga horaria sin alterar la remuneración requeriría un cambio en normas clave como la Ley de Contrato de Trabajo, para mantener intactos beneficios como el aguinaldo y los aportes jubilatorios. No obstante, especialistas sugieren que estos cambios podrían lograrse sector por sector, a través de acuerdos específicos en convenios colectivos.