La Cámara de Diputados formalizó la citación a una sesión especial impulsada por los bloques de la oposición —incluyendo Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los exlibertarios de Coherencia— con el objetivo de debatir una serie de iniciativas que buscan limitar la capacidad de acción del Gobierno, que opera con extrema minoría parlamentaria. La sesión, convocada para este miércoles, tiene como eje central la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya cuenta con media sanción del Senado.

La iniciativa sobre los DNU es la que más alerta genera en la Casa Rosada, ya que busca ponerle un plazo de 90 días para que el Congreso trate los decretos. De no ser tratados en ese lapso, quedarían derogados. Además, la ley establece que si una sola de las Cámaras deroga un DNU, este también cae. Dado que el peronismo tiene mayoría en el Senado, su aprobación en Diputados pondría en jaque la estrategia del Gobierno de eludir al Congreso mediante esta herramienta. La oposición necesitará 129 votos positivos para convertir este proyecto en ley.

Aunque la renuncia de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto le quitó relevancia a su remoción, la sesión incluirá un emplazamiento para que se emita dictamen sobre la ley de Presupuesto con fecha tope el 20 de noviembre. Esto busca evitar que el oficialismo clausure el debate, tal como sucedió en el año anterior.

La amplia agenda opositora incluye también temas de fuerte impacto político y social: se votará un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, por los audios sobre presuntas coimas en la compra de remedios para personas con discapacidad. Además, se buscará interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y avanzar con una moción de censura por la no aplicación de la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad. Finalmente, se tratarán proyectos clave como la reforma a la distribución del Impuesto a los Combustibles, impulsada por los gobernadores para recuperar fondos fiduciarios.