La Fundación Apolo presentó una denuncia disciplinaria y penal contra los fiscales federales N°1 y N°2 de Lomas de Zamora, Sergio Mola y Cecilia Incardona, respectivamente, por presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a graves incidentes de violencia en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), especialmente en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

La acusación, impulsada por Yamil Santoro con el patrocinio de los abogados José Magioncalda, Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, sostiene que ambos fiscales habrían cometido los delitos de prevaricato y violación de deberes de funcionario público al desestimar reiteradamente denuncias sobre incendios intencionales, destrucción de instalaciones y amenazas dentro de las cárceles federales, archivando causas de forma injustificada.

Según el escrito, entre 2023 y 2025 los fiscales aplicaron criterios dispares: mientras que casos con menor repercusión mediática eran archivados sin avanzar en la investigación, hechos similares con mayor exposición pública derivaron en procesamientos. La ONG anticorrupción considera que esta práctica evidencia una arbitrariedad basada en el impacto mediático y no en la gravedad real de los incidentes.

Entre los episodios denunciados se mencionan incendios provocados con colchones en celdas, destrozos de cámaras de seguridad, luminarias y estufas, además de amenazas de incendiar pabellones completos. Estos hechos causaron daños millonarios y pusieron en riesgo la vida tanto del personal penitenciario como de las personas privadas de la libertad.

El juez federal Federico Villena intervino en varias oportunidades y declaró nulos los dictámenes de archivo realizados por los fiscales, calificando sus fundamentos como "aparentes" y "contrarios a derecho".

Desde Apolo advirtieron que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establecen la obligación de los fiscales de impulsar la acción penal para proteger la legalidad y el interés general, y que el archivo de estas causas ha debilitado la seguridad institucional y enviado un mensaje de impunidad.

Finalmente, la Fundación solicitó la apertura de un sumario disciplinario, la remisión del caso al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible remoción de los fiscales y que se remitan las actuaciones al fuero penal para su investigación.

Este caso pone en debate la actuación de funcionarios clave en la investigación de hechos de violencia dentro del sistema penitenciario federal y reclama mayor transparencia y justicia en un contexto de alta conflictividad institucional.