El caso que involucra al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, dio un giro decisivo al escalar al ámbito judicial. El exfuncionario entregó al fiscal federal Franco Picardi un pendrive con audios que lo involucran a él mismo y a otras figuras del gobierno, como el influyente Eduardo “Lule” Menem, a quien vincula con supuestos "negocios", y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre cuya idoneidad política lanza cuestionamientos.

La presentación de estas grabaciones se interpreta como una advertencia de Spagnuolo, quien, tras ser desplazado de su cargo, parece seguir la estrategia de “si caigo yo, caemos todos”. Su movimiento busca, de esta manera, elevar el costo político para la administración, ya que una posible condena en su contra podría validar las serias acusaciones que él mismo formuló contra el entorno presidencial.

La escalada judicial ocurre en paralelo a la intervención de la ANDIS por parte del gobierno, que designó a Alejandro Vilches como interventor. Esta decisión generó suspicacias, dado que una auditoría interna en la agencia podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo. Sin embargo, el hecho de que dicha auditoría quede en manos de un sector señalado en los propios audios complica aún más el panorama político y judicial para el oficialismo. El escándalo, que se originó como una disputa en el ámbito mediático, ahora se encamina a un escenario con consecuencias inciertas en el plano judicial.