El Gobierno argentino pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska que “reconsidere” su solicitud de acceso a comunicaciones internas entre funcionarios nacionales en el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, tras el fallo adverso que podría costarle al país miles de millones de dólares.

La petición se refiere a un requerimiento de la parte demandante para obtener mails, chats y documentos entre miembros del Ejecutivo vinculados a la estatización de la petrolera en 2012. Argentina planteó que esto implica “una intrusión injustificada” sobre la confidencialidad del funcionamiento del Estado.

La defensa argumentó que el acceso a esas comunicaciones “viola el principio de soberanía y la inviolabilidad de las decisiones estatales”, y que en el derecho internacional no es habitual permitir ese tipo de indagación entre ramas del gobierno de un país extranjero.

Desde el entorno oficial admiten preocupación por los avances del proceso, que se encuentra en una etapa sensible y con fechas clave definidas para fines de 2025. La empresa demandante, Burford Capital, mantiene su reclamo por más de 16.000 millones de dólares.