Un video grabado con cámara oculta reveló que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se reunió en Nueva York con Tim Ballard —exagente federal estadounidense y figura central del activismo anti-trata— y le ofreció su influencia en el sistema judicial, la prensa y el Congreso para revertir la percepción negativa sobre su figura.

Durante la grabación, el funcionario aseguró: «Puedo ayudarte a cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país», y ofreció “facilitar reuniones con jueces de distintos ámbitos”, contactos con legisladores, respaldo mediático e incluso un borrador de ley penal elaborado para Ballard antes de ser enviado al Congreso argentino.

La difusión de las imágenes provocó una inmediata reacción opositora. Legisladores como Esteban Paulón y Mónica Fein exigieron la renuncia o un juicio político contra el ministro por “tráfico de influencias, violación de la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses”. Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, calificó el caso como un “escándalo de proporciones” y remarcó que la gravedad del ofrecimiento compromete la integridad institucional del Gobierno.

El episodio expone una contradicción contundente: mientras Milei basa su discurso en la lucha contra “la casta” y la defensa de la ética pública, su ministro aparece operando como un gestor de intereses privados. Hasta el momento, desde la Casa Rosada no hubo una respuesta oficial sobre el contenido del video o los pedidos de renuncia.

Con esta contradicción instalada en la agenda política, el Gobierno enfrenta ahora una crisis interna por la credibilidad del cargo de Justicia. La situación obliga a Milei a decidir si respalda públicamente al ministro o avala su remoción para salvar el discurso institucional del oficialismo.