jueves 31 de julio de 2025 - Edición Nº2430

Gestión | 24 jul 2025

Política

El Gobierno inició la privatización de Belgrano Cargas tras 12 años de gestión estatal

La Resolución 1049/2025 lanzó el proceso para vender material rodante, concesionar vías y talleres, y disolver la sociedad en un plazo de un año


Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1049/2025 a cargo del Ministerio de Economía, el Ejecutivo comenzó formalmente el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa estatal fundada en 2013 que responde a Trenes Argentinos Cargas. La decisión se enmarca en la estrategia de Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades empresariales.

El plan prevé desmembrar la empresa en tres unidades: material rodante, corredores ferroviarios e inmuebles con talleres. El material se rematará públicamente, mientras que las vías e instalaciones se concesionarán mediante licitaciones tanto nacionales como internacionales, todo con un plazo máximo de doce meses y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Una entidad bancaria pública evaluará los activos y administrará los fondos recaudados, que irán a un fideicomiso para obras ferroviarias.

A diferencia de la privatización en los años 90, el Estado mantendrá la propiedad de las tierras y vías. Las concesiones son reversibles: los activos volverán al dominio estatal al terminar los contratos, según aclara la documentación oficial. Además, la medida se realiza bajo un modelo de “Open Access”, inspirada en sistemas viales, que permitirá operar tanto al material como a las vías por múltiples empresas privadas.

La privatización del Belgrano Cargas representa la primera venta ferroviaria desde que Milei asumió, y ocurre tras una década de control estatal que se caracterizó por aumentos de carga y mejoras en infraestructura. El plan será clave para liberar recursos fiscales y avanzar en los compromisos que Argentina asumió con el FMI, aunque también genera preocupación por la continuidad del servicio y los empleos vinculados a la red ferroviaria.

Con este paso, el Estado busca reorientar su rol hacia el regulador y operador indirecto, alineado con una visión de reducción del gasto público. El éxito del proceso dependerá de cómo se estructuren las concesiones, los pliegos licitatorios, las inversiones privadas y la supervisión posterior.

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