En medio de la búsqueda de recursos legales para enfrentar el juicio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno desp despidió a 60 empleados de la Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa judicial del Estado. Según fuentes oficiales, las salidas respondieron a una “reestructuración para mejorar la eficiencia”, pero se originaron tras advertir que información reservada sobre la estrategia legal argentina fue anticipada por los bufetes que representan a los fondos buitres.

El mega juicio en Nueva York, iniciado por la proporcional condena a pagar USD 16.100 millones y la orden de entregar el 51 % de las acciones de YPF, encendió las alarmas internas. La justicia estadounidense ya frenó parcialmente la ejecución, pero en la Casa Rosada temen que cualquier filtración adicional debilite la defensa argentina. Por esto, se impulsó una reestructuración profunda: se redujo de seis a cuatro Direcciones Nacionales, se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y se reasignaron competencias para reforzar controles.

Pese al marco disciplinario, el caso tomó una dimensión política al desconocerse oficialmente qué datos fueron filtrados y a quién se habrían beneficiado. En los pasillos del Ministerio de Justicia y del Palacio de Hacienda apuntan a que parte de la información golpeó directamente a Burford Capital, aunque aún no se han iniciado acciones judiciales específicas.

El titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, quedó bajo fuerte escrutinio por su cercanía con Santiago Caputo, una de las voces principales del entorno del Presidente. El vínculo con el bufete Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró en la defensa del fondo Burford en Nueva York, avivó las sospechas de conflicto de interés. Aun así, Castro Videla se mantiene en su cargo, por decisión del Ejecutivo, confirmando la consolidación del “Triángulo de hierro” dentro de la Procuración.

El impacto de estas medidas recién empieza: si bien alivió momentáneamente al frenar la entrega de acciones de YPF, también deja al organismo debilitado en plena negociación judicial. Habrá que esperar al avance de la apelación en la Cámara de Apelaciones de Nueva York y a cualquier denuncia penal interna, para saber si este escándalo terminará reforzando la defensa del Estado o exponiéndola aún más.