Una Corte de Apelaciones de Nueva York otorgó este martes un respiro judicial a Argentina al suspender de manera temporal la ejecución de la orden que obligaba al Estado a ceder el 51 % de las acciones de YPF, en medio de la causa internacional iniciada tras la expropiación de 2012.

La suspensión formal —denominada "temporary administrative stay"— frena, al menos por ahora, la cuenta regresiva de 72 horas impuesta por la jueza Loretta Preska. El fallo fijó un cronograma: los fondos demandantes (como Burford Capital y Eton Park) tienen hasta el 17 de julio para presentar su oposición, y Argentina tiene plazo hasta el 22 para responder con fundamentos.

Desde el Gobierno celebraron la medida como un alivio clave para evitar entrar en desacato y perder el control de YPF. Argumentan que entregar el paquete accionario comprometería la soberanía nacional y pondría en riesgo a Vaca Muerta, ya que la empresa es uno de los pilares económicos del país .

El jefe de Estado, Javier Milei, reiteró su apuesta por agotar todas las instancias, incluyendo la presentación ante la Corte Suprema de EE.UU. si fuera necesario. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que apuntan a una suspensión prolongada, o incluso indefinida, hasta que se resuelva la apelación de fondo por el fallo de 2023, que obliga a pagar US$ 16.100 millones.

El fallo del tribunal de segunda instancia también evita sanciones inmediatas en los mercados: las acciones de YPF revirtieron su caída en Wall Street y Buenos Aires, y el índice Merval pasó de rojo a positivo tras conocerse la suspensión.

Con este escenario, la atención se centra ahora en la Cámara de Apelaciones, que evaluará si extiende la suspensión hasta el fallo definitivo. El resultado de esa instancia será crucial para determinar si el Estado argentino logra mantener su mayoría en YPF o pierde el control de la petrolera.