La República Argentina solicitó hoy ante la Justicia de Nueva York la suspensión del fallo que exige entregar el 51 % de las acciones de YPF como parte de una indemnización de US $16 100 millones por la expropiación de 2012. La acción fue presentada mediante una carta remitida directamente a la jueza federal Loretta Preska, en la que además se anticipa una apelación formal al Tribunal de Apelaciones de la segunda instancia.

En el escrito, el Ejecutivo enfatiza que la medida es “crucial” para evitar un “daño irreparable” e interpela la respuesta de Estados Unidos, argumentando que en su momento el gobierno norteamericano respaldó la postura argentina. La presentación también advierte que, de no suspenderse la ejecución, el país recurrirá de inmediato a las instancias superiores.

Fuentes oficiales señalaron que mientras esté pendiente la apelación —y eventualmente un recurso ante la Corte Suprema estadounidense— no se negociará con los fondos demandantes, ni se producirá transferencia alguna de acciones. La Procuración del Tesoro evalúa presentar el reclamo también ante la Corte de Apelaciones.

El reclamo judicial sigue a un fallo de Preska del 30 de junio que ordenó a Argentina, en un plazo de 14 días, trasladar las acciones controladas de YPF al Bank of New York para que sean entregadas a los fondos Petersen y Eton Park (representados por Burford Capital), como pago parcial de la indemnización.

La orden judicial se basa en un fallo previo de 2023, que condenó al Estado a pagar US $16 100 millones, y sostiene que la estatización de YPF no ofreció condiciones equitativas a los inversores minoritarios.

La estrategia del Ejecutivo, liderada por el presidente Javier Milei, busca ganar tiempo —y evitar la pérdida del control de YPF— hasta que se resuelva la apelación. Si la suspensión temporal no prospera, la Casa Rosada confía en que será más sencillo revertir el fallo sobre la indemnización económica que el propio traspaso del paquete accionario .