La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el recurso extraordinario interpuesto por la expresidenta, dejando firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante su gestión en Santa Cruz. La sentencia incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que la inhabilita para competir en las elecciones de septiembre. Con ello, se agotan las instancias internas y solo queda abierta la posibilidad de acudir ante instancias internacionales.

El fallo, suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en la insuficiencia de fundamentación autónoma del recurso presentado y la falta de agravio federal concreto, tal como detalló el texto del tribunal. De este modo, se reafirmó el fallo de 2022, que había condenado a Fernández de Kirchner por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales.

Con 72 años, la exmandataria podría cumplir su pena bajo arresto domiciliario, según lo previsto por la ley para personas mayores. En paralelo, su candidatura para la Tercera Sección electoral bonaerense quedó automáticamente cancelada por la inhabilitación dictada.

La resolución provocó reacciones diversas: mientras sectores del kirchnerismo repudian el fallo y denuncian una proscripción judicial, desde el oficialismo celebran lo que definen como un acto de justicia que refuerza la institucionalidad.

En este contexto, el peronismo evalúa nuevas estrategias para reorganizarse sin su figura central y definir un liderazgo en el actual escenario post-Kirchner.