Mientras la inversión extranjera directa sigue sin llegar a la Argentina, el Gobierno se prepara para lanzar un ambicioso —y polémico— plan de blanqueo con el objetivo de acelerar la monetización de la economía y sostener las metas de crecimiento.

El anuncio oficial sería este jueves y estará encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a convencer a los ahorristas de movilizar parte de los dólares atesorados —ya sea en cajas de seguridad o “colchones financieros”— para volcarlos al consumo interno.

Según el diagnóstico del equipo económico, si se logra que esos fondos se utilicen para comprar autos, inmuebles, electrodomésticos o viajes, el repunte económico podría tomar más velocidad. En marzo, la actividad mostró un retroceso respecto a febrero, lo que encendió alertas sobre el ritmo del rebote.

Aunque en el Gobierno no consideran que sea momento de alarmarse, admiten que hacen falta nuevos incentivos para sostener la proyección oficial de crecimiento del 6% en 2024.

El plan incluye una serie de resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF, destinadas a reducir los controles y exigencias de información sobre la compra y el uso de divisas. Además, se enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario, dos normativas que hoy traban la circulación de dólares fuera del circuito formal.

Uno de los puntos clave será la suba del umbral mínimo para depositar dólares sin justificar el origen, que pasaría de los US$100.000 a un valor considerablemente mayor. De esta forma, los bancos no estarán obligados a generar un Reporte de Operación Sospechosa, ni ARCA podrá iniciar una causa penal tributaria, siempre que no se supere ese nuevo piso.

También se prevé una flexibilización de los reportes que deben presentar escribanos, contadores, registros automotores y otros actores del sistema, con montos mínimos de declaración mucho más altos que los actuales.

Otro cambio fuerte será la eliminación del CITI, el sistema de cruzamiento informático de transacciones importantes, que actualmente permite detectar movimientos inusuales en cuentas bancarias y operaciones comerciales.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una simplificación del impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia, que hará más ágil y clara la presentación de declaraciones juradas.

En el oficialismo reconocen que la medida es riesgosa desde el punto de vista político y simbólico, pero sostienen que es preferible tentar al ahorrista a consumir que seguir esperando la llegada del capital extranjero.